jueves, 2 de febrero de 2017

7 razones para preocuparse por la llamada con Trump

El miércoles, el ambiente político se puso como fierro caliente. Revelaciones periodísticas sobre la llamada entre los presidentes de México y Estados Unidos, primero hechas públicas por Dolia Estevez en Proyecto Puento y Aristegui en vivo, posteriormente por AP, pusieron más presión a una cuerda que luce ya bastante deshilachada y comienza a amenazar con reventarse.

Estevez y AP coinciden en señalar que Trump mencionó el envío de fuerzas armadas a México pues considera que el Ejército Mexicano no puede contra la delincuencia organizada. La diferencia está en lo que cada fuente afirma sobre el tono y las reacciones durante la llamada. Dolia Estevez se sostiene en decir que Trump amenazó a Peña Nieto y que éste se quedó impávido. Como es de suponerse vinieron las reacciones furibundas y los desmentidos. Incluidos los ataques coordinados con fines de desprestigio.

Pero la polémica sobre la llamada es de suma importancia. A la luz del contexto hay muchas razones para preocuparse. Aquí 7 de ellas:

1.- Hagamos a un lado la extraordinaria trayectoria de Dolia Estevez y su credibilidad. Obviemos todos los incentivos que tiene el gobierno para dar una versión rosa del asunto. Aún queda un tema para considerar. Mis dudas sobre la versión oficial, llena de tonos conciliadores y amables, derivan de la manía de este gobierno por mentir. Eso y que no me queda claro por qué alguien que insulta a su oponente en campaña, a la prensa, al presidente de su propio partido y a todo el mundo, tendría que ser tan dócil con Peña Nieto.

2.- ¿Recuerda usted cuál fue el argumento central para extender aquella absurda y ofensiva invitación a Trump? La necesidad de mandar un mensaje a los mercados que se podía dialogar con él. Bajo esa premisa, una vez que Trump triunfó, Videgaray volvió y se instaló en la Cancillería. Pero ese objetivo y las capacidades para alcanzarlo lucen minúsculos porque enfrente está una persona que se siente cómoda en el caos, en el conflicto y en la contradicción. Y al que “vino a aprender” le falta empaque.

3.- Suponga usted que efectivamente Trump sólo haya ofrecido enviar tropas a México. Imagine (no sé cómo, pero hágalo) que lo hizo en tono amable y conciliador. Pues bien. Ofrecer enviar tropas a otro país supone una lectura de debilidad extraordinaria. Eso, en sí mismo, merecía una respuesta y aclaración contundente que no salió (ni sale) por ninguna parte.

4.- Pasada la lectura de debilidad, hay otro problema. Enviar tropas a otro país para intervenir militarmente en un problema doméstico (aunque tenga claros efectos transfronterizos) es un disparate en términos de soberanía, relaciones entre vecinos, legalidad y un largo etcétera. Da igual el tono. La posición firme del gobierno mexicano frente a ello hay que irla a buscar (por no decir a imaginar) a 14 palabras en un boletín de prensa. En la SRE es más importante dar extensas respuestas a Dolia Estevez, que informar sobre lo que Peña Nieto dice a Trump.

5.- En los últimos días han salido diversas filtraciones de la Casa Blanca. Las que se refieren a llamadas tienen un común denominador. Muestran que Trump fue agresivo con su interlocutor, que se expresa con ellos en privado con el mismo tono que habló en público durante la campaña. A las filtraciones les ha seguido un patrón: los gobiernos (tanto el de Estados Unidos como el otro involucrado) salen a defender un tono cordial en el diálogo. Pero las filtraciones sólo tienen un lado y su contenido suena creíble. ¿No le apesta a estrategia?

6.- Si usted no sabe quién es Steve Bannon, vale más que se aprenda el nombre y que sepa un par de cosas sobre él. Acumula poder dentro del gabinete de Trump. Tiene posiciones radicales, prácticamente de resurgimiento expreso de nacionalismo blanco con aires supremacistas. Y Breitbart –medio digital de su propiedad- aborda los temas de inmigración y narcotráfico con mucha carga negativa. En sus perspectivas de abordaje sobre el narco en México habla de “Narco-Terrorism”. Sí, una categoría que junta a los dos “enemigos” más peligrosos para la sociedad de los Estados Unidos. La base del uso de la fuerza militar y el todo se vale.


7.- La posición de Trump sobre el narcotráfico “mexicano” fue uno de los temas menos atendidos durante la campaña. De las amenazas de Trump al respecto y de su posible uso para acciones más radicales y extremas casi nadie se ocupó. Se trata de una narrativa que traslada a un solo lado de la frontera la fuente del problema y que enfatiza en la incapacidad del gobierno mexicano para reaccionar. Hay, además, demasiado dinero de por medio. Ese tema lo abordamos, hace varios meses en una videocolumna en Aristegui Noticias.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MIGUEL PULIDO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0202/mexico/7-razones-para-preocuparse-por-la-llamada-con-trump/

Pide Osorio Chong fortalecer instituciones locales de seguridad

En una reunión de seguridad en Sinaloa, dijo que "están dando resultados" las estrategias implementadas en los municipios con más delitos.


Este jueves en Sinaloa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que es fundamental fortalecer las instituciones locales de seguridad para lograr una mayor efectividad en el combate al crimen.

“Osorio Chong hizo énfasis en la corresponsabilidad que debe prevalecer en las autoridades estatales y municipales para devolver la seguridad y tranquilidad a la población”, destacó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.

El funcionario federal aseguró que “están dando resultados” las estrategias que se han implementado en los municipios con mayores índices delictivos.


El secretario encabezó una reunión de seguridad en Sinaloa, en la que estuvieron presentes el gobernador, Quirino Ordaz Coppels; secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el director general del Cisen, Eugenio Ímaz Gispert, así como los alcaldes de Mazatlán y Culiacán.













FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0202/mexico/pide-osorio-chong-fortalecer-instituciones-locales-de-seguridad/

Presenta Tamaulipas su plan de austeridad; asegura que ahorrará 680 mdp

CIUDAD DE MÉXICO: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció este jueves una serie de medidas en gasto corriente de su administración para ahorrar unos 680 millones de pesos, y sumarse así a los estados que ya han presentado su plan.

En conferencia de prensa en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el gobernador señaló que entre las medidas de recorte de gasto corriente y austeridad destaca la reducción de sueldos y salarios del gobernador, secretarios, subsecretarios y titulares de los organismos públicos descentralizados en 10%.

También un ajuste en sueldos y salarios, mediante el análisis de duplicidades de puestos y funciones, así como congelamiento de vacantes por 240 millones.

Otra reducción será el presupuesto destinado a viáticos, convenciones, gastos de representación y comunicación social por 200 millones de pesos; y del 25% del parque vehicular, con excepción de unidades de salud y seguridad pública, eliminando el gasto en mantenimiento y refacciones relacionado por un monto de 19 millones de pesos.

El gobierno del Estado disminuirá el consumo de combustible en un 25% y los costos de los servicios de fotocopiado, telefonía, vigilancia y mensajería, generando ahorros por 44 millones.

Otro punto será reducir 132 millones los gastos en asesorías, estudios, investigaciones, alimentación, eventos, servicios de limpieza y otros rubros.

El gobierno estatal también contempla un programa de apoyo a la economía de las familias de la entidad, en el que no habrá aumento en las tarifas del transporte público.

García Cabeza de Vaca dijo que con el Programa de Abasto a Bajo Costo pondrá a disposición de la población que requiera el apoyo, una canasta básica con un costo 25% por debajo del precio mínimo en el mercado.

Con los comedores comunitarios alcanzará un total de 10 mil comidas diarias gratuitas y garantizará el acceso a servicios de salud y medicamento a todos los tamaulipecos.

También sostuvo que afiliarán a 400 mil personas al Seguro Popular para que el 100% tenga acceso a servicios de salud, y asegurará que el abasto de medicamentos en hospitales y clínicas del sistema de salud pública estatal.


Dentro del plan contempla el apoyo a productores agropecuarios en las zonas menos desarrolladas, la reducción del precio de licencias de conducir en 25% y el subsidio a la tenencia vehicular.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472937/presenta-tamaulipas-su-plan-de-austeridad-asegura-que-ahorrara-680-mdp

INAI ordena informar sobre disposiciones del gobierno sobre cambio climático

CIUDAD DE MÉXICO: La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos deberá buscar y dar a conocer cualquier proyecto o borrador que contenga disposiciones en materia de cambio climático.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al considerar que la consulta de este tipo de información es fundamental para que la población tenga la oportunidad de participar en los procesos de toma decisiones y en la planeación de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.

La comisionada presidente, Ximena Puente de la Mora, expuso que en México, el acceso a un medio ambiente adecuado es reconocido como un derecho fundamental, “por ello la importancia de conocer las acciones que se están implementado para hacer frente al fenómeno del cambio climático”.

Y es que un particular solicitó conocer cualquier proyecto o borrador que contenga disposiciones en materia de cambio climático, sin embargo la Agencia mencionada declaro su inexistencia, por lo que el peticionario interpuso un recurso de revisión.

En alegatos la agencia reiteró su respuesta y recordó que en diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

La dependencia respondió que dichas disposiciones no tienen por objeto el cambio climático sino las medidas para mitigar la emisión y quema de gases.

En su análisis la comisionada presidente, Ximena Puente de la Mora, a cargo del caso, determinó que la Agencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley y omitió turnar la solicitud de acceso ante la Unidad de Asuntos Jurídicos, encargada de revisar y formular los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdo y disposiciones jurídicas y por tanto es competente para conocer la información solicitada.

Por ello, el pleno del INAI modificó la repuesta de la Agencia y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas competentes, incluida la Unidad de Asuntos Jurídicos, y entregue al particular cualquier proyecto o borrador que contenga las disposiciones sobre cambio climático.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

INE reintegra a Tesorería los mil 70 mdp que utilizaría para nueva sede

CIUDAD DE MÉXICO: A través de una transferencia electrónica, el Instituto Nacional Electoral (INE) reintegró a la Tesorería de la Federación (Tesofe) mil 70 millones 49 mil 35 pesos, que serían utilizados para la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan.


En un comunicado, el órgano electoral precisa que hasta este jueves el monto reintegrado se encontraba en el Fideicomiso para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE (constituido en Banjercito), y la devolución incluye los intereses generados hasta hoy.

La suspensión de la construcción formó parte de las medidas de austeridad anunciadas el pasado 11 de enero por las consejeras y consejeros electorales, que tienen como objetivo contribuir a enfrentar con sensibilidad y responsabilidad la situación económica que atraviesa el país, puntualiza.

Destaca, asimismo, que a partir del miércoles 1 de febrero también entraron en vigor las siguientes medidas de austeridad:

La disminución del 10% de las remuneraciones de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada, así como la cancelación de la prestación de telefonía celular para estos funcionarios.


Antes de que concluya este mes se anunciarán medidas adicionales de austeridad, advierte el órgano electoral que preside el consejero Lorenzo Córdova.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472939/ine-reintegra-a-tesoreria-los-mil-70-mdp-utilizaria-nueva-sede

Balean a tesorero de Cuautla, Morelos

Cuernavaca, Mor: El tesorero del ayuntamiento de Cuautla, José Manuel Morales Hernández, fue herido tras ser atacado a balazos cuando salía de la casa de gestión del edil de ese ayuntamiento, el perredista Raúl Tadeo Nava.

De acuerdo con reportes policíacos, el funcionario municipal recibió dos balazos en una pierna. Paramédicos arribaron al lugar y trasladaron a la víctima a un hospital de Cuautla.

Por su lado, los policías municipales lograron ubicar el vehículo en que huía el presunto agresor, quien ya se encuentra detenido.

La salud del Tesorero municipal se reporta como estable, luego de ser intervenido quirúrgicamente.

El Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, publicó un video en su cuenta personal de Facebook, en donde habla del caso y presupone que pudiera tratarse de un intento de asalto.


En tanto, la tarde del miércoles encontraron el cuerpo de un joven sin vida, de entre 20 y 22 años de edad, en el interior de un canal de riego de Tlaquiltenango. El cuerpo presentaba impactos de bala.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: RUBICELA MORELOS CRUZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/02/balean-a-tesorero-de-cuatla-morelos

Surgen más dudas sobre homicidio de 3 niños en San Miguel de Allende

Vecinos desmienten que hombres armados huyeran del lugar en la refriega.

A Ampliación Cieneguita llegaban camionetas de lujo, pero no el día de la balacera donde murieron tres niños: vecinos

San Miguel de Allende, Gto. Un día antes de la balacera en la finca de Ampliación Cieneguita, sujetos abordo de camionetas de lujo abandonaron el lugar. A la noche siguiente, tras la irrupción de policías estatales en la propiedad, Gabriel, Mateo y Juan Adrián, pequeños de 11, 8 y 4 años de edad, fallecieron al recibir impactos de armas de fuego, mientras ocurría un asalto policial al inmueble.

Estas camionetas fueron vistas por algunos vecinos de la finca, quienes además descartaron que la noche de la refriega hayan huido sujetos armados como lo ha afirmado el procurador de justicia del estado, Carlos Zamarripa Aguirre en diferentes oportunidades.

“… se sabe que parte de los que conformaban el grupo delictivo se dispersó por el patio trasero del inmueble; al arribo de los elementos de los grupos tácticos lograron asegurar primeramente el perímetro del lugar y a la postre incursionaron en el inmueble”, es la versión que la Procuraduría General de Justicia del Estado dio en su primera postura oficial a través de un boletín de prensa enviado 40 horas después del homicidio.

Han pasado más de 15 días del suceso y esta versión ha sido sostenida por el procurador, quien insiste en que las pesquisas apuntan a Antonio Luna, padre de los niños, como el responsable del triple homicidio. Testigos presenciales aseguran lo contrario.

Sopechosos inquilinos

La propiedad de José Cipriano Sánchez se encuentra sobre un terreno de aproximadamente 50 metros de largo por 50 de ancho, rodeado por altas bardas y con un portón negro que da directamente a un camino de terracería perpendicular a la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo.

Dentro hay dos complejos de construcción, en la parte de enfrente hay un espacio de apenas 6 metros de ancho por 12 de largo en donde hay varios cuartos o departamentos, mientras que el otro espacio es el que sería el table dance, una construcción de aproximadamente 25 metros de ancho por 16 de largo, ahí era donde Antonio dormía junto a su familia.

El 28 de diciembre, José Cipriano Sánchez decidió rentar el departamento a dos mujeres, él asegura que no tenía puesto un letrero de “se renta” porque ese espacio lo estaba ocupando como bodega.

Unas semanas antes, dos mujeres habían llegado hasta la finca para pedirle que les rentara una parte. Una de ellas se identificó como Verónica Ortiz y dijo que ambas eran originarias de León y buscaban un lugar para vivir pues tendrían que estar trabajando muy cerca de la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo.

“Fue una pareja de señoras para pedirme que les rentara y yo les dije que no podía porque la tenía ocupada como bodega, me dijeron que si más delante y les dije que sí y no sé, como a las 2 ó 3 semanas fueron otra vez y así y les dije que sí, que sí se los rentaba solo que me dieran tiempo para desocuparlo”.

El contrato no se realizó porque Verónica dijo que le habían robado su camioneta en el municipio de León y que ahí tenía todas sus identificaciones, así que le solicitó a José Cipriano que pudieran hacer el papeleo hasta pasando el día 9 de enero.

Durante ese tiempo, Antonio Luna estuvo de vacaciones. Cuando volvió a trabajar el 10 de enero, José Cipriano sólo le comentó que un departamento ya había sido rentado.

Aunque José Cipriano iba todos los días a su finca, asegura que nunca vio nada extraño y que la última vez que vio a sus inquilinas fue el 7 de enero. Ninguna de ellas volvió a aparecer o comunicarse después del 14 de enero.

‘Hombres entraban y salían’

Ampliación Cieneguita había sido siempre un lugar tranquilo, hay algunas propiedades cercanas como una construcción a apenas 25 metros y a 500 metros de la finca de José Ciprinano también se encuentra un fraccionamiento casi nuevo.

La gente conoce a José Cipriano como “El Pollo” y su finca es famosa porque además de querer ocuparla como un table dance, se encuentra a contraespalda de otra propiedad de Cipriano, que construyó con la intención de convertirla en un motel pero que nunca se habilitó.

Entre los vecinos cercanos a la finca, también estaban Antonio, Juana y sus tres hijos, quienes solían vivir a unos 200 metros de distancia.

A finales del mes de diciembre, comenzó a verse actividad rara dentro de la finca de José Cipriano, a menos eso es lo que mencionan gente que pasa todos los días por ahí.

La gente reporta que había hombres dentro de la finca y no mujeres, como José Cipriano ha asegurado. No porque no les haya rentado el departamento a ellas, sino porque nadie las vio.

“Entraban y salían camionetas nuevas y lujosas, se veían como de películas de narcos y había gente ahí pero eran señores (…) el jueves en la tarde salieron 2 camionetas, una se fue para el rumbo de Marroquín y la otra se fue como rumbo a San Miguel, pero tenían días entrando y saliendo las camionetas, tenían como unos 15 días”, relató un testigo.

El viernes 13 de enero las camionetas no fueron vistas por nadie y cuando fue hora, Antonio le pidió a Juana y a los 3 niños que lo acompañaran a velar, como lo hacían casi todos los fines de semana.

Juana lo ha relatado en varias ocasiones: fueron a la tienda de la vuelta a comprar comida para ponerse a ver la televisión y luego se durmieron pero fueron despertados por el sonido de los balazos.

Ese mismo ruido también despertó a gente que vive por la zona, algunos sacaron su celular y comenzaron a grabar el supuesto enfrentamiento a balazos, pero según los testigos… ni los disparos ni un presunto grupo armado salieron de la finca, tal como afirmó la PGJE.

“No salió nadie, toda la balacera fue adentro de la casa porque ni afuera de la casa, todo fue en el patio (…) no corrió nadie, porque habían dicho que habían salido hombres armados corriendo y no, nos consta que no salió nadie”, mencionan.

Los vecinos no supieron nada, incluso llamaron a la policía municipal en varias ocasiones pero en ningún momento vieron torretas o patrullas debidamente identificadas.

Horas después, los vecinos supieron de la muerte de Mateo, Gabriel y Juan Adrián y más tarde, incrédulos escucharon que la Procuraduría General de Justicia del Estado señalaba a Antonio Luna como el responsable de asesinarlos.

Ataque dirigido

La finca es custodiada las 24 horas por elementos de la Policía Municipal, el sitio está acordonado y ni José Cipriano Sánchez ha podido ingresar, pero los balazos son evidentes a la distancia, pero éstos sólo se concentran en el lugar donde Antonio dormía con su familia, la fachada parece intacta.

En fotografías tomadas por el equipo de Zona Franca se logra visualizar una de las ventajas de la parte superior del salón, sitio donde pernoctaba la familia Luna. En un pequeño espacio se logran contabilizar hasta 20 impactos de bala que parecen de alto impacto.

Las discrepancias

1.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, en voz de Carlos Zamarripa, ha afirmado y sostenido que los elementos del grupo criminal huyeron por la parte posterior de la finca. La construcción no tiene niguna salida por la parte posterior.

2.- La PGJE señaló que en el momento del operativo, los policías ministeriales fueron recibidos a balazos por parte de integrantes de un grupo delincuencial. Los testigos señalan que en la finca sólo estaban Antonio, Juana y sus 3 hijos.

3.- La autoridad señaló que se montó el operativo debido a un reporte donde se señalaba que había detonaciones de arma de fuego. En caso de que ese reporte se hubiera dado, tendría que haber acudido la Policía Preventiva, además Carlos Zamarripa Aguirre nunca ha querido aclarar si había o no orden de cateo.

4.- También se informó que en la finca había sido aseguradas armas de fuego, drogas y vehículos pero en ningún momento han sido mostradas pruebas que lo afirmen.


5.- El Procurador ha asegurado que sus vehículos fueron recibidos con fuego, pero resistieron por su blindaje; esos vehículos tampoco han sido mostrados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0202/mexico/surgen-mas-dudas-sobre-homicidio-de-3-ninos-en-san-miguel-de-allende/

Clima de terror para activistas en Tamaulipas

El hostigamiento contra defensores de derechos humanos en el país se ha convertido en una constante en los últimos años. La situación se agrava cuando los activistas llevan los expedientes de abusos contra ciudadanos en los que se presume la participación de fuerzas castrenses. Es el caso de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo: él, su familia y sus colaboradores son víctimas de amenazas, las cuales han sido documentadas por Michel Forst, relator especial de la ONU.

CIUDAD DE MÉXICO: Mensajes de odio e intimidatorios y amenazas de muerte contra él y su familia son las secuelas que sufre Raymundo Ramos Vázquez por denunciar casos relacionados con abusos cometidos por soldados y marinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), única organización de su tipo activa en la ciudad fronteriza, Ramos Vázquez está en riesgo permanente desde 2011 por atreverse a representar a víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, y se considera a sí mismo como un ejemplo de lo que puede ocurrir con otros defensores en caso de que se concrete la Ley de Seguridad Interior, que pretende dar poder a las fuerzas federales para asumir tareas de seguridad pública.

Su caso fue presentado ante Michel Forst, relator especial de la ONU para la situación de defensores de derechos humanos, en su más reciente visita de trabajo a México, quien lanzó una alerta sobre los riesgos que corren los activistas y “la población en general” si se sigue con el proyecto de mantener a los militares en las calles.

En su informe preliminar presentado el miércoles 25 a representantes del Estado mexicano y a la prensa, Forst incluyó el tema como parte de sus preocupaciones sobre el ambiente de violencia generalizada en el país y la utilización de las fuerzas castrenses para combatirla.

“Sin embargo, el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber puesto fin a la violencia”, señala el documento.

En su reporte, Forst se refiere a las denuncias de graves violaciones a derechos humanos recabadas durante su visita, en la que tuvo contacto con 800 activistas, y de las represalias sufridas por quienes encabezan la defensa de familiares y víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.

“Debido a las denuncias de estas violaciones, los defensores de derechos humanos tienen un riesgo más elevado de ser blancos de ataques y agresiones. Quienes denuncian violaciones por parte de las Fuerzas Armadas, de la policía, así como de autoridades investigadoras, se encuentran en un mayor riesgo de represalias”, indica el reporte preliminar.

Agravios de las Fuerzas Armadas

En entrevista con Proceso, Michel Forst considera una “señal preocupante” la pretensión de que las Fuerzas Armadas asuman funciones de policía, pues “la función del Ejército es proteger al país en un estado de emergencia o excepción y ese no es el caso de México. Entonces ¿por qué va a estar el Ejército en las calles controlando a las personas y controlando a los defensores, atacando a los defensores?”

El relator afirma que durante los encuentros con activistas pudo documentar casos en los que hay “implicaciones muy fuertes contra el Ejército y la Marina en ataques contra los defensores” que litigan violaciones graves a derechos humanos, así como contra ambientalistas y defensores del territorio.

Ellos “no sólo son amenazados, sino también ejecutados por parte del Ejército; también tenemos casos en que marinos han sido responsables de ataques, secuestros y detenciones” de los activistas.

Forst, quien en marzo de 2018 entregará el informe definitivo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior incluirá el tema en el reporte final.

Raymundo Ramos Vázquez es uno de los defensores vulnerables de los que habló Forst. El relator conoce bien al presidente del CDHNL, pues desde 2014 solicitó al Estado mexicano medidas de protección para Ramos, quien cuenta además con medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y está integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, medidas que no han sido obstáculo para que sea objeto de ataques que, por lo demás, se mantienen en la impunidad.

Defensor en el caso de las muertes bajo el fuego militar de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, Ramos Vázquez ha documentado por lo menos una docena de desapariciones forzadas y otro tanto de ejecuciones extrajudiciales cometidas por marinos y soldados desplegados en Nuevo Laredo.

La más reciente queja, la ejecución de ocho hombres en el kilómetro 13 de la carretera nacional Nuevo Laredo-Monterrey, ocurrida el 3 de septiembre último y denunciada ante la CNDH con el apoyo de un video que evidencia la participación de soldados del XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército (Proceso 2086) derivó en una feroz embestida contra Ramos Vázquez en redes sociales.

Después de presentada la queja ante la CNDH por los homicidios, Vázquez empezó a ser objeto de mensajes difamatorios y amenazas, por lo que notificó de los hechos al ombudsman nacional y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ramos Vázquez expone a la reportera la más reciente denuncia penal que presentó el 11 de enero en la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) ante las amenazas que ha recibido a través de dos portales de internet que, por su contenido, dice, podrían estar siendo operados y administrados por personal castrense de Nuevo Laredo.

El activista sostiene que para documentar su querella decidió explorar en las páginas de internet Nuevo Laredo frontera al rojo vivo y Nuevo Laredo en vivo noticias, utilizadas para atacarlo.

“A partir de que se hacen públicas las amenazas, buscamos algunos perfiles que aparecen en redes sociales, en particular en Facebook; aparecen algunos nombres, que no sabemos si sean los verdaderos, y algunas imágenes de personas que regularmente lanzan amenazas hacia mi persona.

“Esas personas visten con uniformes del Ejército, de la Marina o de la Policía Federal, su lenguaje es muy similar al que utiliza el personal militar, y el odio que están externando está enfocado al trabajo que hemos desempeñado como defensores, en el caso particular de los ocho hombres ejecutados en el kilómetro 13 de la carretera nacional.”

En las copias de las comunicaciones de esas páginas hay menciones de que los defensores de derechos humanos en Nuevo Laredo reciben dinero “para desprestigiar al ejército y marinos”; se refieren a Ramos como “activista de Los Zetas”; acerca de la documentación de las ejecuciones extrajudiciales de ocho personas, realizada por la CNDH y el presidente del CDHNL, se lanzan comentarios de que es un trabajo “en apoyo a los malandros”, en tanto que a los miembros de las Fuerzas Armadas se les enaltece con palabras como “ánimo soldados y marinos, los lacras seguirán muriendo y los piches derechos humanos les seguirán los pasos si siguen jodiendo”.

En la querella presentada, Ramos Vázquez integró fotografías tomadas de tres perfiles de Facebook de quienes dicen llamarse Genaro Mendoza Hernández, Carlos Hernández Escobar, Axel Alejadre Y Carlos Martínez Cantú.

“Es probable que los nombres sean falsos; por eso estoy pidiendo que se investigue a fondo, porque hasta ahora el departamento de recursos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado a la CNDH que esos nombres no corresponden a miembros de sus filas, pero no revisaron las imágenes, además de que de forma sistemática la Sedena suele rechazar cualquier señalamiento en contra de su personal”, apunta el defensor.

De acuerdo con las imágenes, dichos personajes tienen corte de cabello tipo militar, placas de identificación de las que suelen utilizar los soldados, visten uniforme de camuflaje militar o de la Policía Federal y uno de ellos sostiene un fusil de uso exclusivo del Ejército.

Otros indicios que apuntalan la hipótesis de Ramos Vázquez están en al menos una de las páginas de internet, Nuevo Laredo frontera al rojo vivo, cuyos administradores incluyen en la información del portal “el número de emergencia 066, que ahora es el 911, manejan los teléfonos del cuartel militar y los teléfonos de seguridad pública, y la seguridad pública de Tamaulipas está en manos de las fuerzas federales”.

Más aún, el domicilio donde estaría ubicado físicamente el blog “corresponde al C4, que es operado por militares. Entonces, si visten como militares, hablan como militares y se sienten afectados por los asuntos que nosotros hemos presentado por hechos atribuidos a la Sedena, es muy probable que sean militares”.

Cuenta que días después de que presentó la denuncia en la PGR, “cesaron todo tipo de publicaciones y eso confirma que personal militar de Sedena está involucrado; si fueran personas civiles o a título personal seguirían haciendo las publicaciones. Esas personas no sabrían que yo los demandé, pero Sedena sí sabe”.

Abunda que tras cuatro meses de ataques continuos en los portales mencionados, aquellos cesaron días después de la reunión de evaluación que cada viernes llevan a cabo los representantes de las instituciones de seguridad pública en Nuevo Laredo en las instalaciones militares.

“Es muy probable que en la reunión siguiente a la fecha en que puse mi denuncia el subdelegado René Herrera Jaramillo haya dicho que tenía una querella en contra de miembros de la Sedena. Hasta les pudo haber dado copia y eso hizo que se frenaran las publicaciones”, considera el activista.

“Ánimo de no investigar”

Pese a que los elementos referidos, según Ramos Vázquez, justificarían la intervención de autoridades federales en la indagatoria, el miércoles 25 se enteró de que la PGR determinó remitir el caso a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, lo que confirmaría que la dependencia encabezada por Raúl Cervantes “no quiere investigar al Ejército”.

Refiere que desde que llevó el documento de querella a la subdelegación de la PGR, el responsable de esa oficina, Herrera Jaramillo, “no quería aceptarla”, y lo hizo hasta que Ramos Vázquez le advirtió que presentaría una queja contra él en la CNDH y una denuncia en la Visitaduría de la PGR.

“El licenciado Herrera me dijo que entonces la recibiría pero no iba a investigar. Sin leer el documento me dijo que no era su competencia, que enviaría la querella a la Ciudad de México para que allá decidieran, y resulta que desde el 13 de enero decidieron turnar el caso a la procuraduría local”, narra el defensor.

Para Ramos Vázquez la respuesta de botepronto que le dio el subdelegado Herrera “habla del ánimo de no investigar, de la intención de seguir protegiendo al Ejército y la Marina y sus fechorías, y también habla de un criterio institucional”.

Apunta que la prueba más clara de la negativa de la delegación de la PGR a investigar denuncias por abusos graves cometidos por fuerzas federales es que desde 2011 están abiertas “105 averiguaciones o carpetas de investigación por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en las que están involucrados miembros de la Marina, Sedena y Policía Federal, y no hay un solo consignado ante un juez. Son casos que ocurrieron Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico. En Tamaulipas la PGR no funciona, y en mi caso, además no quieren investigar”.

No es la primera vez que Ramos Vázquez advierte que por su trabajo es blanco de amenazas graves.

En el Acuerdo de Incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de septiembre de 2013 se narra que por representar a familiares de seis desaparecidos –estas desapariciones, perpetradas en 2011, son atribuidas a miembros de la Marina– “fue víctima de un intento de secuestro”.

El activista dice que en 2013 una persona detenida irregularmente por marinos le comentó que durante un sobrevuelo en helicóptero por la colonia donde están las oficinas del CDHNL los aprehensores le dijeron: “Ahí está el pinche Raymundito. Dile que a él también lo vamos a desaparecer”.

En mayo de 2014 un centenar de marinos intentaron allanar las oficinas del CDHNL. Por esos hechos el relator Michel Forst pidió una acción urgente al Estado mexicano y medidas de protección para Ramos.

Ramos Vázquez responsabiliza de su integridad, la de su familia y de sus colaboradores a la Sedena y a la Marina, y apunta que su caso es un ejemplo claro de que dejar la seguridad pública a merced de las Fuerzas Armadas es un riesgo para la población en general.

Señala que diversas organizaciones se han reunido con legisladores federales para informarles de los convenios internacionales que se contraponen al proyecto de Ley de Seguridad Interior. En los hechos, dice, “nuestro sistema de justicia no es confiable ni independiente” para atender posibles abusos.

Agrega: “Si en tareas de investigación o de contención a la delincuencia, como le llaman ellos, elementos de las Fuerzas Armadas cometen delitos, no va a haber quién los juzgue, no va a haber ni la imparcialidad ni el valor ni la voluntad política para que sean sancionados”.

Para los defensores de derechos humanos, dar atribuciones a las Fuerzas Armadas más allá de lo permitido en la Constitución “nos dejaría en sus manos. Si ahora nos amenazan, nos infiltran, nos agreden, con todo el poder seguramente van a querer silenciarnos de una manera o de otra”, advierte Raymundo Ramos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Pablo Kuri: el subsecretario de salud que protege a la industria refresquera

CIUDAD DE MÉXICO: Pablo Kuri Morales, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud (SSA), se perfila para tomar las riendas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) el próximo 14 de febrero: desde el pasado 26 de enero, es uno de los tres aspirantes a la dirección general de la prestigiosa institución.

Esta perspectiva genera cierto malestar dentro de la institución, no sólo porque Kuri sólo es titular de una maestría en un espacio donde la mayoría de los empleados tienen doctorado, sino porque los integrantes del INSP ven que su cercanía con los intereses de las industrias de la comida chatarra, la refresquera y la farmacéutica representa una seria amenaza a la independencia de la institución.

Además, Kuri menospreció en varias ocasiones las recomendaciones y estudios del INSP en decisiones que tomó en los últimos cuatro años.

Documentos confidenciales obtenidos por Apro muestran que desde abril de 2014, Kuri, junto con Mikel Andoni Arriola Peñalosa –entonces titular de la Comisión Federal de Protección ante los Riesgos Sanitarios (Cofepris)– y Mercedes Juan López, exsecretaria de Salud, ignoraron los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las deficiencias de las normas del etiquetado sobre el valor nutritivo de los alimentos y bebidas, entonces recién publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los documentos muestran que la OMS señaló a los representantes de las instancias de salud mexicanas que el etiquetado mexicano fomentaba el alto consumo de azúcares –e incluso violaba la estrategia de la administración de Enrique Peña Nieto para combatir la obesidad y la diabetes en el país–, pero que éstos ignoraron el mensaje.

Tampoco dieron seguimiento a la propuesta del organismo internacional de elaborar, juntos, un etiquetado claro y acertado.

Esta actitud contrasta con las declaraciones públicas de dichos personajes: El año pasado Kuri y Arriola –ahora titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– expresaron su grave preocupación ante el posible colapso del sistema de salud pública, provocado por la epidemia de sobrepeso y obesidad en el país.

El pasado 15 de noviembre, ante la amplitud de la enfermedad crónica –y de la muerte de 98 mil personas en 2015–, Kuri informó que la SSA emitió una alerta epidemiológica en materia de obesidad y diabetes. Sostuvo que la dependencia tomó esa decisión para llamar la atención de la sociedad y “apuntalar las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”.

El consumo de altas cantidades de refrescos –163 litros por año y por persona en promedio– y de comida ultraprocesada –cerca de 30 kilos por año en promedio–, es uno de los principales factores que explican la dimensión de la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, que afecta a siete de cada 10 adultos.

Oficio confidencial

El 25 de abril de 2014, Maureen Birmingham, entonces representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, envió el oficio confidencial MEX/PWR/4809/14 a Mercedes Juan López, entonces secretaria de Salud, con copia a Kuri y a Arriola Peñalosa.

En la carta, Birmingham recordó que especialistas de la OMS sostuvieron teleconferencias y reuniones en privado con Kuri, en las que abordaron el etiquetado de la Cofepris.

En un tono cordial, la representante del organismo advirtió a Juan que “el nuevo etiquetado representa un desafío no solamente técnico sino también en materia de comunicación social por sus aspectos técnicos muy difíciles a comunicar”, y le ofreció revisar los “aspectos técnicos” con la ayuda de los expertos nutriólogos de la OMS y la OPS.

Birmingham recordó que el etiquetado propuesto por la Cofepris toma en consideración el contenido de “azucares totales”, es decir, la suma de las azucares naturalmente presentes en los ingredientes y de las azucares que la industria añade al producto para endulzarlo.

Con este etiquetado, la industria puede rebasar los límites de azúcares añadidos establecidos por la OMS (Proceso 2078). Para elaborarlo, la Cofepris nunca convocó al INSP pese que, de acuerdo con un estudio que esta institución presentó en 2011, nueve de cada 10 estudiantes en nutrición –de un panel de 122– fueron incapaces de descifrar el etiquetado para determinar los contenidos de los productos.

La OMS ofreció su ayuda para que los expertos del organismo internacional participen en la corrección del etiquetado. Juan, Kuri y Arriola hicieron caso omiso.

En otro oficio confidencial, fechado el 15 de mayo de 2014 y llamado MEX/NMH/4886/14, Birmingham anunció a Juan que los expertos de la OMS, la OPS y la Cofepris determinaron que “no hay ingesta recomendada de azucares”, cuando el etiquetado mexicano utiliza el término ambiguo de “ingesta máxima recomendada”, que “tiene el riesgo de mal informar al consumidor”, deploró.

Adelantó que “una nueva guía de la OMS que se publicará en los próximos meses promoverá una reducción en la ingesta de azucares (…) que no debe superar el 10% del total de energía”, y que esta guía “sugiere reducir la ingesta de azúcares libres por debajo del 5% de la energía total”.

Recordó que el etiquetado promovido por la Cofepris establece un valor de referencia de azúcares de 18% –más de tres veces más que las recomendaciones de la OMS–, que es “erróneamente entendido por el consumidor como el nivel máximo recomendado sin efectos para la salud”.

Según el oficio, la mitad de población mexicana ya saca entre 18,6% y 24% de su energía de las azúcares, por lo que promover un consumo de azúcares del 18% “no parece ser apropiado, ya que conlleva el estatus-quo de la obesidad actual”.

Es más: Birmingham señaló que, de aplicarse el etiquetado, el gobierno federal incluso violaría los valores de referencia que establece la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual limita a 10% la ingesta máxima de azucares en la dieta mexicana.

Kuri no sólo ignoró las advertencias de la OMS. En marzo de 2015, durante un evento realizado en la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), aseveró que México sería el primer país en aplicar las recomendaciones de la OMS en materia de ingesta de azúcar –mismas que desdeñó 10 meses antes–. Esta promesa quedó letra muerta.

Es más: recientemente, Kuri promocionó el incomprensible etiquetado de la Cofepris, junto con representantes de las industrias refresquera y chatarra.

El pasado 16 de enero, por ejemplo, el funcionario protagonizó un evento público junto con Jaime Zabludovsky para apoyar la campaña “Checa y Elige”, promovida por la industria. A través de esta campaña, la industria pretende “educar” a los consumidores a descifrar el etiquetado, en lugar de simplificarlo.

Zabludovsky es presidente ejecutivo del Movimiento por una Vida Saludable (Movisa), una organización conformada por los gigantes de la industria –entre ellos Bimbo, Coca Cola y las embotelladoras, Herdez, Jugos del Valle, Nestlé o Walmart–, así como Televisa y TV Azteca, entre otros.

En una entrevista con Proceso en agosto pasado, Kuri se deslindó de todas las responsabilidades y evadió las preguntas más incómodas respecto a las medidas adoptadas por la Cofepris en materia de regulación de la comida chatarra y los refrescos, entre ellas el etiquetado.

“El reportero le señala a Kuri que la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud, no consultó a ninguna instancia sanitaria para elaborar el etiquetado. En su lugar retomó el modelo de las industrias mencionadas.

“No te puedo responder por qué lo hizo. Ellos (los de la Cofepris) hicieron el estudio, ellos tienen la información. Son la autoridad regulatoria. Hay responsabilidades dentro de las áreas”, comentó entonces.

Admitió que, de acuerdo con un estudio del INSP de 2011, sólo dos de 122 estudiantes fueron capaces de descifrar el etiquetado y determinar la cantidad de azúcar contenida en un producto. “El estudio está ahí. Yo no tengo el proceso de cómo lo hicieron porque no estaba en Cofepris”.

Momentos más tarde, añadió: “Entiendo las controversias, pero estamos entrando en esto como si la solución fuera poner un etiquetado o un impuesto, cuando la cosa es mucho más compleja: tiene que ver con educación, con cambios de hábitos, con instalación de espacios para que la gente haga actividad física”.

Ayer, las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria urgieron a las organizaciones especializadas en la transparencia y rendición de cuentas de monitorear el proceso de selección del próximo titular del INSP, y a prestar una atención particular a que los intereses de las industrias refresquera y de la comida chatarra no interfieran en esta designación.

Para llegar a la cabeza del INSP, Kuri competirá con Pedro Rafael Lozano Ascencio y Juan Ángel Rivera Dommarco, ambos integrantes del instituto. El próximo viernes, los tres aspirantes se presentarán ante los científicos del INSP.

Hombre de Sanofi

En septiembre de 2009, tras 18 años en el Centro de Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece), Kuri se incorporó a la empresa farmacéutica Sanofi-Aventis, donde desempeñó como “director científico” hasta noviembre de 2011. Un mes más tarde –todavía durante la presidencia de Felipe Calderón–, asumió la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la unidad administrativa de la SSA encargada de comprar las vacunas. Cinco años y medio más tarde, permanece en el puesto.

El 9 de diciembre de 2015 la Cofepris dio luz verde a la distribución de la vacuna contra el dengue (Dengvaxia), la cual fue desarrollada por Sanofi-Pasteur, la división de vacunas del grupo Sanofi-Aventis. México se convirtió entonces en el primer país en homologar esta vacuna –su distribución sigue limitada al sector privado–; le siguieron Filipinas, Indonesia, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Perú, Tailandia y Singapur.

La Cofepris de Arriola ignoró por completo las recomendaciones del Grupo multidisciplinario de Investigadores del INSP, que urgió el gobierno federal a “posponer la autorización sanitaria (de la vacuna) y, a consecuencia, su implementación en el programa nacional de inmunización, hasta tener evidencias más robusta para definir los grupos blancos de vacunación y sobre la seguridad a mediano plazo”, en un estudio publicado el 17 de noviembre de 2015, menos de un mes antes de la homologación.

Según un estudio que emitió el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS en materia de vacunación el pasado 15 de abril, la vacuna debería aplicarse únicamente en las zonas donde por lo menos 70% de la población de nueve a 45 años resulta seropositiva al virus del dengue. El mismo estudio pidió no utilizar la vacuna en áreas donde menos del 50% de esa población resulta seropositiva.

El pasado 7 de septiembre, la OMS publicó en su página de Internet un estudio realizado por grupo de investigadores mexicanos –entre ellos Mauricio Hernández Ávila, director general del INSP–, el cual cuestionó severamente la decisión de homologar la vacuna en México.

Sus conclusiones: si bien las pruebas clínicas ilustraron los “méritos” de la vacuna, también revelaron su eficiencia “parcial y heterogénea en la prevención de la enfermedad”, y subrayaron que su homologación pudo ser prematura dada “la incertidumbre respecto a su inocuidad”.

El estudio aseveró que “algunos de los datos disponibles indican que es más que teórico el potencial de que esta vacuna incremente el riesgo de dengue severo y de otras formas de dengue que lleven a la hospitalización”, y subrayó que si bien México resultó el primer país en homologar su venta, los resultados de las pruebas clínicas “indican que la vacuna fue notablemente menos eficiente (en México) que en otros países”.

No sólo esto: de acuerdo con las pruebas clínicas, la vacuna sólo resulta eficiente para las personas que ya fueron infectadas por el dengue, mientras podría ser dañina para quiénes nunca lo fueron.

Los expertos expresaron además su preocupación de que “el otorgamiento de una licencia del CYD-TDV (la vacuna) en un país pueda fomentar la homologación demasiado rápida de la vacuna en otros países con autoridades regulatorias más débiles”. Y pusieron en duda que los gobiernos que autorizaron la distribución de la vacuna tengan la capacidad de vigilar sus efectos a largo plazo.

Kuri no sólo era subsecretario cuando la Cofepris homologó el producto: también era un firme promotor de la venta de la vacuna que desarrolló su exempleador a través del Grupo de Expertos Mexicanos en Dengue, un “think tank” conformado por altos funcionarios de la Ssa –entre ellos Kuri–, el Instituto Carlos Slim para la Salud y actores del sector privado, con el objetivo de reunir evidencias que permitan el desarrollo de “una estrategia nacional para la introducción de una vacuna contra el dengue”.

El 31 de julio de 2014, por ejemplo, el Grupo de Expertos Mexicanos publicó un estudio sobre sus actividades en el cual insistió en la dificultad de erradicar los mosquitos, vectores del dengue, pero aseguró que “como resultado de mucho progreso en investigación y desarrollo en la última década, existe una posibilidad de una vacuna segura y efectiva que pudiera ser disponible próximamente”: la vacuna de Sanofi-Pasteur.


Entre los tres integrantes del Comité de Auscultación responsable del análisis y la validación del próximo director del INSP destaca el doctor Roberto Tapia Conyer, director general de la Fundación Carlos Slim para la Salud desde 2007 y exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, función que desempeñó entre 1997 y 2006 y en la que tuvo a Kuri bajo sus órdenes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472866/pablo-kuri-hombre-la-industria-refresquera

Comando irrumpe en hotel de Puebla y “levanta” a ocho que vestían uniforme de la PF

ESPERANZA, Pue: Un comando tomó por asalto esta mañana un hotel de esta localidad, de donde se llevó al menos a ocho personas que allí se hospedaban y que, según testigos, vestían uniformes de la Policía Federal (PF).

Sin embargo, en entrevista con el periódico Cambio, el comisario de la corporación en Puebla, Israel Aguirre Navarro, rechazó que tengan algún reporte de que elementos de esa fuerza hayan sido las víctimas de este “levantón” ocurrido hoy alrededor de las 6:00 horas.

Al mediodía se reportó que siete cadáveres fueron localizados en el interior de una camioneta Windstar en la localidad de Nogales, municipio de Veracruz, lugar que se encuentra a menos de media hora de distancia de Esperanza, por lo que se presume que podrían ser algunos de los sujetos que fueron levantados horas antes.

De acuerdo con los reportes, un número no determinado de sicarios irrumpió en el hotel “Karina” accionando armas de grueso calibre y causando destrozos, para enseguida someter a un grupo de huéspedes que desde hace dos semanas ocupaban cuatro habitaciones de ese lugar y que, según empleados del lugar, cada que salían usaban uniformes de la PF.

Algunas versiones señalan que en el ataque al menos uno de los sujetos murió, pero que los sicarios se llevaron con ellos el cuerpo, así como a los otros hombres que fueron trasladados en varios vehículos.

En las habitaciones 3, 4, 5 y 6 del hotel, ubicado entre las calles 3 Poniente y 6 Norte, quedaron rastros de sangre, por lo que se presume que algunos de los sujetos “levantados” iban heridos.

El lugar fue acordonado por elementos de las fuerzas de seguridad, así como de la Gendarmería y del Ejército.

Este municipio se encuentra en la zona conocida como la “Franja del huachicol”, por la operación de grupos delictivos que se dedican al robo de combustibles a Pemex.

Estos hechos ocurren a dos días de que tomó posesión Antonio Gali Fayad como gobernador de Puebla.

En un comunicado, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSP), Jesús Morales Rodríguez, confirmó que las ocho personas que fueron privadas de la libertad este jueves, en el municipio de Esperanza, no pertenecen a alguna corporación policiaca adscrita a la entidad.

También informó que tras las primeras indagatorias realizadas en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), se determinó que presuntamente las víctimas son originarias del estado de Veracruz.

El funcionario también confirmó que en el hotel fueron localizados uniformes de la Policía Federal, “sin que esto implique que los afectados pertenezcan a dicha corporación”.

Asimismo, reportó que se ubicó un vehículo con placas del estado de Veracruz que, al parecer, pertenece a las personas privadas de su libertad. En el lugar de los hechos trabajan la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Ciencias Forenses.

Ejecutan a funcionario de Quimixtlán

Un supuesto funcionario de Obras Públicas de Quimixtlán, municipio ubicado en la parte centro-este de Puebla, en los límites con Veracruz, fue ejecutado esta mañana. Los agresores dejaron un mensaje en el parabrisas del vehículo que decía: “Esto les ba a pasar a los que no paguen pizo (sic)”.

De acuerdo con testimonios, alrededor de las ocho de la mañana de este jueves, sujetos armados persiguieron a la víctima hasta darle alcance frente a una escuela primaria de la comunidad de Ahuatla.


La víctima, aún sin identificar, fue baleada cuando se encontraba en el interior de su auto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472950/comando-irrumpe-en-hotel-puebla-levanta-a-ocho-vestian-uniforme-la-pf

“Somos hijos de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas”: normalistas de Ayotzinapa

“Las condiciones de vida nos obligan a protestar, siguiendo el legado que marcaron los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en la defensa de su pueblo”, señalaron normalistas y padres de familia al cumplirse 45 años del asesinato del profesor Genaro Vázquez Rojas durante el periodo del entonces gobernador de Guerrero Raúl Caballero Aburto.

Cerca del mediodía de este jueves 2 de Febrero, estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre de 2014, así como familiares de presos políticos y organizaciones sociales marcharon por la avenida Juárez de Chilpancingo, exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas, justicia para los asesinados la  madrugada del 26 y 27 de Septiembre y castigo a los culpables de esos hechos.

A través de un comunicado, normalistas y padres de familia se consideraron “hijos de Genaro y Lucio”; “Así como el estado calló a sangre y fuego el levantamiento popular y guerrillero de Genaro Vázquez, intenta año tras año cerrar nuestra Normal para evitar que los profesores rurales se formen para apoyar a su pueblo”.

Durante un mitin desarrollado en el Monumento a los Caídos ubicado en la Alameda Central, la señora María de Jesús, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos aseguró que Ayotzinapa no olvida al profesor que fue dirigente de la organización Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; “Genaro Vázquez, aquí estamos otro año más, otro aniversario más, pero tu pueblo, tu gente, Ayotzinapa no te olvida, aquí estamos porque nosotros vamos a seguir en esta lucha digna de nosotros como madres y padres de familia porque este gobierno nos obliga a andar en las marchas, en los mitin y andar protestando”.

Por su parte, en representación de los estudiantes, un joven  describió la visión que tienen como normalistas rurales sobre la figura de Genaro Vázquez; “Guerrero, maestro rural, una persona que tenía anhelos de libertad, de justicia y de libertad, ese era nuestro comandante Genaro, una persona que siempre tuvo ideales de justicia  para el pueblo, que siempre quiso ayudar a los pobres, a los hijos de campesinos y al proletariado….esta persona nunca se rindió, así como nosotros normalistas rurales de Ayotzinapa, nosotros no nos vamos a detener por nuestros 43 camaradas…”


En el lugar se colocó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio recordando a uno de los pioneros de la lucha social en Guerrero.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ALAIDE MARTÍNEZ.
LINK: https://desinformemonos.org/somos-hijos-genaro-vazquez-lucio-cabanas-normalistas-ayotzinapa/

Consejero del INE apela reducción de salario por austeridad; estos son sus argumentos

El objetivo es que se revise la legalidad de los acuerdos que aprobó la Junta General Ejecutiva del INE, entre ellos la reducción del salario.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif, impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la reducción de 10 por ciento a su salario, avalado como parte de las medidas de austeridad de esta instancia.


En una carta enviada al presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que el objetivo es que se revise la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos que aprobó la Junta General Ejecutiva del INE que ordenan, además de la reducción del salario de los consejeros, el de los integrantes de la misma.

Nacif Hernández se refirió a los acuerdos aprobados por la Junta el 25 de enero INE/JGE10/2017, INE/JGE11/2017 e INE/JGE12/2017 por los que se aprueba la modificación del tabulador de sueldos para puestos de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral.

El consejero dijo que solicitó al Tribunal Electoral revisar tres aspectos centrales: si la disminución al salario transgrede lo dispuesto en la Constitución y viola los principios constitucionales de certeza y legalidad que deben regir la actuación del INE.

Si al disminuir los salarios de los consejeros y del contralor general la Junta General Ejecutiva excede sus atribuciones legales y altera las condiciones para el ejercicio del cargo de forma autónoma e independiente y, con ello, el correcto funcionamiento del INE.

Y si la reducción de salarios a consejeros electorales e integrantes de la Junta ampliada es una disposición necesaria, idónea y proporcional para conseguir eficiencias y economías, dado que existen otras medidas alternativas que podrían generar ahorros mayores sin violentar la Constitución ni afectar derechos.

Dijo que la reducción de salarios sólo generaría remanentes por 11 millones de pesos en servicios personales, apenas 0.1 por ciento del presupuesto operativo del INE, cuando existen otras partidas destinadas a proyectos prescindibles que, en un entorno económico de austeridad, pueden suspenderse y generar ahorros sustanciales.

El consejero consideró que existen en el Instituto Nacional Electoral otras áreas para conseguir ahorros sin dejar de realizar los fines para los cuales se destinaron los recursos.

Esos ahorros, detalló, deben buscarse con el propósito de devolverlos a la Tesorería de la Federación para que la Cámara de Diputados los reasigne a proyectos con un mayor retorno social, como hicimos con los mil 070 millones de pesos contemplados originalmente para el desarrollo inmobiliario en Tlalpan.


Benito Nacif reiteró su total disposición a trabajar con ese fin, para que el INE aproveche al máximo esas áreas de oportunidad y que obtenga los mayores ahorros posibles, pero siempre dentro de la Constitución y la ley.

Carta de Impugnación by http://www.animalpolitico.com on Scribd



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/consejeros-electorales-impugnan-reduccion-salario/

Campesinos son obligados a quitarse sus sandalias para no “ensuciar” el piso de la alcaldía de Bacalar

CIUDAD DE MÉXICO: Para ingresar a las oficinas del palacio municipal de Bacalar, Quintana Roo, los campesinos Rosa Ranier García y Eddy García fueron obligados a quitarse sus sandalias para no “ensuciar” el piso de las instalaciones donde despacha el alcalde Alexander Zetina.

Desde la comunidad de Miguel Hidalgo, la pareja –de 68 y 70 años de edad, respectivamente– llegó a la alcaldía a solicitar apoyo para medicamentos, debido a que la mujer padece pie diabético y no tienen recursos para su atención.

De acuerdo con el diario Novedades de Q.Roo, los campesinos salieron de su comunidad a las 6 de la mañana y llegaron al Ayuntamiento a las 2 de la tarde, sin probar alimento.

A la entrada del palacio municipal, Vanesa Piña Gutiérrez, secretaria particular de Zetina Aguiluz, solicitó a Rosa y Eddy que se quitaran las sandalias porque –dijo– ensuciaban el piso.

La pareja obedeció a la funcionaria municipal y dejaron sus zapatos en la puerta, luego ingresaron a la alcaldía, pero nadie les prestó atención y mucho menos les ofrecieron algo de comer.

Pasada una hora sin recibir respuesta, los adultos mayores se levantaron, tomaron sus sandalias y regresaron a su comunidad. Unas personas que los conocían les dieron unas monedas para el pasaje y algo de comida.


Se informó que la mujer tiene más de 15 días con el dedo hinchado, desde que quiso cortarse una uña enterrada y se lastimó, pero por la diabetes que padece y por la cual perdió el ojo derecho hace varios años, no puede curarse.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472924/campesinos-obligados-a-quitarse-sus-sandalias-ensuciar-piso-la-alcaldia-bacalar

Demandan en Holanda al banco Rabobank por complicidad con cárteles mexicanos

CALEXICO: El abogado holandés Göran Sluiter presentó este jueves 2 una demanda inédita contra el banco Rabobank –el segundo más importante de los Países Bajos– al que acusa de ser cómplice de homicidios y otros crímenes cometidos por diversos cárteles mexicanos.

Sluiter, renombrado abogado de derechos humanos, solicitó al Ministerio Público holandés abrir un caso contra el banco y sus ejecutivos por lavar las ganancias de estos cárteles y por formar parte de una organización criminal.
El abogado basó su acusación en un caso que desde hace años investiga la justicia de Estados Unidos, relativo al lavado de dinero de Rabobank N.A., una subsidiaria de propiedad de Rabobank.

Esta investigación se ocupa de la sucursal en Calexico, en la frontera con Mexicali, que por ahora ha cerrado sus puertas. Las autoridades estadunidenses tendrían indicios de que narcotraficantes usaban este banco para lavar sus ingresos ilegales.

Pero la denuncia presentada en los Países Bajos va más allá de la persecución del lavado dinero y busca centrarse en las consecuencias de esta práctica para la población mexicana. Lo que hace de esta demanda un intento único de perseguir criminalmente a los responsables de lavado de dinero por la violencia que se sufre en México:

“El lavado de dinero es un crimen con víctimas. Los bancos proporcionan espacio a los cárteles para que laven sus ingresos, y de esta forma contribuyen a fortalecer sus operaciones criminales”, explicó Sluiter.

En 2002 Rabobank absorbió el Valley Independent Bank de Calexico, un edificio de color blanco ubicado a cinco minutos a pie de la frontera con Mexicali. Nunca fue un secreto que las organizaciones del tráfico de drogas operaban en la región, por ello los bancos de la zona debían reforzar sus mecanismos de control para evitar que sus clientes usaran sus cuentas para el blanqueo de dinero. Sin embargo, Rabobank N. A. parece que no se preocupó lo suficiente.

Maletas de dólares

Fue a partir de 2006 cuando este banco comenzó a llamar la atención de las autoridades federales. El Office of Comptroller of the Currency (OCC), ya había advertido a la entidad bancaria que debía reforzar sus mecanismos contra el lavado de dinero. En 2011, después de varias advertencias, los controladores cerraron tres de sus cuentas en Rabobank Caléxico por considerar que se usaban para blanquear dinero del narcotráfico.

Pero los dólares continuaron entrando. Eso se debió, entre otras cosas, a que desde 2010 las reglas para depositar dólares en efectivo en México se volvieron más rígidas. En 2013, la OCC advirtió una vez más a Rabobank de sus insuficientes esfuerzos a la hora de prevenir el lavado de dinero.

A principios de 2015, la agencia de noticias estadunidense Bloomberg reveló oficialmente que los fiscales investigaban blanqueo de dinero en la sucursal de Calexico.

Según informaciones de Bloomberg, los empleados del banco habrían omitido de forma intencionada entregar documentos a las autoridades federales y no habrían hecho mención de transferencias sospechosas.

Armando Real, alcalde de Calexico, reconoce esas historias: “La ley requiere que los empleados llenen un formulario cuando haya depósitos en efectivo de más de 10 mil dólares”, explica. “Empleados del banco me han contado que no siempre lo hacían”.

Para Hildy Carrillo, presidente de la Cámara de Comercio de Calexico, no es una sorpresa que Rabobank pueda estar involucrado en el lavado de dinero de la droga. “Estuve muchas veces en la sucursal de Rabobank en Calexico”, dice Carrillo.

“Veía habitualmente a hombres con maletas llenas de billetes de dólares en el mostrador. Venían muchos camiones blindados para llevarse todos esos dólares, venían mucho más a menudo que en otros bancos”, agrega.
A principios de 2015 cerraron la sucursal, aunque meses antes el banco ya había cancelado las cuentas de sus clientes en México.

“Rabobank coopera plenamente con la investigación”, dice Hendrik-Jan Eijpe, portavoz del banco. “Pero no puedo hacer ninguna comunicación sustanciosa mientras la investigación esté en curso”. Hace hincapié en que los mecanismos de control de Rabobank N. A. se han endurecido: “Hemos hecho todo lo posible para tomar buenas medidas, y creemos que las operaciones de nuestra subsidiaria ya cumplen con todos los requisitos”, dice Eijpe. “Esperamos que podamos cerrar pronto este asunto del pasado”.

“Rabobank debe haber sabido de la presencia de los cárteles en la región y de los crímenes que cometen”, asegura el abogado Sluiter.

El portavoz de Rabobank no quiere confirmar si el banco era consciente de las actividades de carteles mexicanos en Calexico. Los exempleados de Rabobank N. A. no respondieron a las solicitudes de entrevista.

“¿Dónde está el dinero?

Detrás de la denuncia que se presentó este jueves 2 está el mexicano Fernando Hernández, que vive en los Países Bajos desde hace años. De la mano de la ONG de derechos humanos SMX Collective, de la que es cofundador, entró en contacto con Sluiter para que le ayudara a presentar la demanda:

“Me duele mucho ver lo que pasa en México”, dice desde Ámsterdam. “La guerra en México ha causado 150 mil muertos en los últimos 10 años y mientras tanto los cárteles y sus aliados ganan miles de millones de dólares”.

“¿Dónde está todo ese dinero?”, cuestiona con rabia. “Esa es la pregunta que debemos hacernos. El enriquecimiento del Rabobank implica muertos en México. Las cárceles de México están llenas de gente pobre y yo quiero que los ejecutivos del banco también vayan a la cárcel. Ellos se aprovechan de la violencia que vive nuestro país”.

Sluiter y sus clientes decidieron hacer la demanda en los Países Bajos sin esperar el resultado de la investigación en Estados Unidos. Lo hicieron así para que no se repitiera lo que sucedió con el caso Libor, en el que Rabobank pagó una multa de 774 millones de dólares por manipular tasas de interés.

“En relación a este caso también hubo un intento de poner en marcha una investigación criminal en los Países Bajos”, dice el abogado. “Pero esa solicitud fue rechazada porque internacionalmente ya había otras investigaciones en las que hubo una serie de defectos criminales. Por eso, esta vez no hemos querido esperar demasiado tiempo”.

No es la primera vez que acusan a un banco por lavar las ganancias de narcotraficantes. Uno de los casos más conocidos fue el de HSBC, que en 2012 admitió haber lavado 881 millones de dólares de cárteles mexicanos y colombianos. El banco llegó a un acuerdo de 1.9 mil millones de dólares y así evitó la persecución criminal de las autoridades estadunidenses.

El año pasado se descubrió que el acuerdo se hizo bajo la presión de George Osborne, el entonces canciller británico, quien dijo que la persecución podría resultar en “un desastre global financiero”.

Según Antonio María Costa, sería precisamente ésta la raíz del problema. “Existen muy buenas convenciones internacionales para combatir el lavado de dinero”, dice Costa, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (ONUDD) entre 2002 y 2010. “Pero las leyes no se cumplen debidamente. Los gobiernos no se atreven a abordar a los bancos”.

“Nunca han cerrado un banco por lavado dinero”, continúa este hombre que desde hace décadas se dedica a la lucha contra el blanqueo.

“Nunca se ha visto que un banquero haya terminado entre rejas. Los bancos reciben una multa que supone apenas un pequeño porcentaje de sus ganancias anuales. Mientras los gobiernos les respalden y se sigan sintiendo inmunes, continuarán con el blanqueo de dinero”.

Sluiter y sus clientes esperan que este caso genere un cambio: “Hay una posibilidad de que la investigación que se cursa en Estados Unidos termine con un acuerdo”, explica.


“Además el Departamento de Justicia de Estados Unidos no tiene en cuenta las consecuencias del lavado de dinero para la población mexicana. Por eso queremos que desde la justicia holandesa se inicie una investigación que llene ese vacío. Este caso podría ser un precedente para el futuro que contribuya a poner fin a estas prácticas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARJOLEIN VAN DE WATER
LINK: http://www.proceso.com.mx/472849/demandan-en-holanda-al-banco-rabobank-complicidad-carteles-mexicanos