martes, 7 de febrero de 2017

Kimbilá, pueblo maya que se hace respetar

Después de más de dos años de exigir que sea el propio pueblo de Kimbilá quien decida dónde construir el mercado, después de enfrentar el hostigamiento de dos administraciones municipales, incluyendo golpes y amenazas; después de realizar una auntoconsulta que no fue respetada por el entonces Presidente Municipal de Izamal, Fermín Sosa; después de agresiones en contra integrantes del equipo de derechos humanos Indignación que acompaña a quienes exigen el derecho del pueblo a decidir; después de amparos y movilizaciones del pueblo, una autoridad federal ordenó al Alcalde de Izamal demoler la construcción que se hizo sin consultar y poniendo en riesgo un edificio histórico, en este caso el templo de la Iglesia católica, dedicada a Santa Clara.

La orden de demolición representa un enorme triunfo del pueblo de Kimbilá, que acudió a todas las instancias posibles para defender el derecho del pueblo a decidir las obras de la propia comunidad y para defender su patrimonio histórico. Desde 2013 se logró mediante amparo detener la construcción que había iniciado el alcalde a pesar de la manifiesta oposición y de la petición de que se hiciera una consulta y se reubicara el mercado. La obra quedó inconclusa desde entonces hasta ahora que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le ha dado al alcalde 60 días para demoler lo construido.

En estos más de dos años se hizo evidente el autoritarismo de la Presidencia Municipal de Izamal tanto como la determinación de Kimbilá de reivindicar su derecho a la consulta.

La alcaldía de Izamal ignoró los resultados de la consulta que el pueblo realizó en mayo de 2014, en la que participaron 261 personas, de las cuales 235 opinaron que el mercado debía reubicarse. Estos resultado se pegaron en las paredes de la Comisaría Municipal y se hicieron llegar al entonces alcalde Fermín Sosa.

En junio de 2014, después de que la gente de Kimbilá encontró un pozo que podría ser prehispánico en las inmediaciones de la construcción del nuevo mercado y cuando se encontraban documentando dicho descubrimiento, personas de Kimbilá e integrantes del equipo Indignación fueron agredidos por personas cercanas a la alcaldía de Izamal.

En mayo de 2015 hubo nueva agresión contra integrantes del equipo Indignación, cuyo vehículo fue prácticamente embestido por una camioneta manejada por el secretario de la comuna, Marcos Pech, cuando se encontraban en Kimbilá documentando el desacato del Alcalde a la suspensión de las obras del mercado, decretada por el INAH.

Ambas agresiones permanecen impunes.

No es primera vez que Kimbilá logra que se respete su derecho como pueblo. Hace 8 años logró que se respete su derecho a elegir autoridades, cuando la comuna de Izamal intentó descalificar a quien había ganado las elecciones para Comisaria, que era precisamente una mujer, e intentó imponer a quien quedó en segundo lugar. Con presiones y maniobras autoritarias, el entonces gobierno de Yucatán hizo renunciar a la mujer que había ganado las elecciones.

Entonces el pueblo reivindicó su derecho a ser ellos mismos quienes eligiera a su autoridad y después de meses de movilizaciones, el pueblo de Kimbilá logró que se realicen nuevas elecciones. Eligieron a una mujer.


El equipo Indignación reconoce y celebra este triunfo del pueblo de Kimbilá y exige a las autoridades de todo el Estado respeto pleno a los derechos del pueblo maya.

En mi pueblo manda el pueblo

FUENTE: DESINFORMÉMONOS/EQUIPO INDIGNACIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/kimbila-pueblo-maya-se-respetar/

Desalojan plantón que defiende la Casa en Movimiento Chanti Ollin

Por la madrugada de este martes 7 de febrero a las 00:13 horas integrantes de la comunidad Chanti Ollin transmitieron en vivo el inicio del desalojo del plantón instalado a las afueras del edificio ocupado por el colectivo localizado en la esquina de la calle Río Elba y Circuito Interior.

Al sitio arribó un operativo policial de aproximadamente 200 granaderos, algunos de ellos ingresaron por los balcones al edificio para concretar la tarea de desalojo total. Personal de limpieza pública del gobierno de la Ciudad de México llegaron con un camión para retirar los materiales que se han utilizado desde entonces en la “barricada cultural” que defiende el espacio. 

El Chanti Ollin (la casa en movimiento) fue desalojada el 22 de Noviembre pasado,  un espacio cultural con más de 13 años de trabajo, una ocupación en medio del centro financiero de la Ciudad de México, resistiendo frente a los grandes rascacielos de las corporaciones transnacionales. El 23 de noviembre, la comunidad en movimiento denunciaba: “Este lugar de encuentro para tantos movimientos y colectivos. para tantos trabajos e iniciativas. fue asediado por 800 granaderos, helicópteros, tanquetas antimotines, un verdadero despliegue de corte militar. para qué?”. 

Ante el desalojo de noviembre, las y los integrantes de la comunidad decidieron establecer un plantón en la acera frente a la casa de la que fueron desalojados.  Esta madrugada, la policía antimotines de la Ciudad de México desalojó el plantón. Ante la posible violencia, la comunidad del Chanti Ollin decidió retirarse, antes hicieron una transmisión en vivo del desalojo.




FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/desalojan-planton-defiende-la-casa-movimiento-chanti-ollin/

PRD pide la renuncia del canciller Luis Videgaray

Ciudad de México. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD demandó la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, y exigió a un titular de la dependencia experimentado.

En un resolutivo dado a conocer en conferencia de prensa, el CEN acusó a Videgaray de no convocar a todos los actores políticos, sociales y económicos del país para conformar una estrategia de Estado que haga frente al discurso "xenofóbico y política antiinmigrante" del mandatario estadunidense Donald Trump.

“Requerimos de alguien que sí sepa de relaciones exteriores, que nos permita generar nuevas interlocuciones frente a Estados Unidos", señaló la secretaria del partido, Beatriz Mojica.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.

GACM adjudica construcción de la Torre de Control del NAICM

Ciudad de México. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) adjudicó la construcción de la Torre de Control de Tráfico Aéreo, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) al consorcio integrado por Construcciones Aldesem, Jaguar Ingenieros Constructores y Aldesa Construcciones.

El consorcio presentó la oferta económica más baja, por un monto de mil 242 millones 171 mil 349.64 pesos, monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Asimismo este grupo obtuvo el puntaje técnico más alto de los tres únicos participantes cuyas ofertas fueron consideradas solventes; al reunir 45.7 puntos resultado de diferentes componentes como cumplimiento de contratos, calidad de materiales o experiencia entre otros.

En este concurso se presentaron siete ofertas, pero sólo tres resultaron solventes y las otras cuatro fueron descalificadas por diferentes razones.

La segunda oferta económica más atractiva presentada para la construcción de la Torre de Xontrol fue la realizada por el consorcio integrado por Sacyr Construcción México, Epcort, y Gami Ingeniería, la cual ascendió a mil 313 millones 382 mil pesos. Este grupo acumuló una calificación total de 90.7 puntos.

La oferta económica que quedó en tercer sitio fue la que hizo el consorcio integrado por ICA Constructora de Infraestructura, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Constructora El Cajón, Ingenieros Civiles Asociados, Desarrolladora de Proyectos Hidroeléctricos La Yesca, e Impulsora de Desarrollo Integral, que presupuestaron mil 544 millones 282 mil pesos; y obtuvieron una calificación total de 83.72 puntos.

El GACM informó que en esta licitación participaron de forma individual o en consorcio 24 empresas, de las cuales 20 son nacionales y 4 internacionales.


Los grupos que fueron descalificados de este proceso por no cumplir con los requisitos, o por estar fuera de presupuesto fueron el integrado por Innovaciones técnicas en cimentación; y Túneles del pacífico; Acciona Infraestructra; Albarga Construcciones; y Omega Construcciones Industriales, Construcciones Rubau.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/gacm-adjudica-construccion-de-la-torre-de-control-del-naicm

'El Chapo' se ve mejor en EU que en México: abogada mexicana

Ciudad de México. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que fue extraditado en enero a Estados Unidos, "físicamente se ve mejor" que cuando estaba en México, dijo hoy su abogada mexicana Silvia Delgado.

Delgado asistió con la pareja de Guzmán, Emma Coronel, el viernes a la segunda comparecencia de El Chapo ante un juez de Nueva York desde su extradición, que tuvo lugar el 20 de enero. "Estuvimos a unos cuatro metros de él, perfectamente lo pudimos ver", dijo Delgado a una estación radiofónica. "Se le ve con ganas de pelear y físicamente se ve mejor que cuando estaba aquí en México", indicó.

La abogada estuvo presente sólo como acompañante, ya que la defensa de El Chapo, de 59 años, está a cargo de dos abogados de oficio estadunidenses.

En México los abogados de El Chapo expresaron continuamente su disconformidad con el estricto régimen carcelario al que estaba sometido y presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Decían que se estaba quedando calvo y que sentía que se iba a volver loco por al aislamiento.

Aunque Delgado afirmó que se le ve bien, los abogados estadunidenses de Guzmán se quejaron el viernes ante el juez de las condiciones "extremadamente restrictivas" del Metropolitan Correctional Center de Manhattan, donde debe estar 23 horas al día en su celda.

El Chapo se escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad mexicanas, la primera vez en 2001 supuestamente en un carrito de lavandería y la segunda en 2015 por un túnel. Su recaptura ocurrió el 8 de enero del año pasado, seis meses después de la última evasión.

Hasta ahora la esposa de El Chapo no ha podido hablar con él. Sólo se vieron en la audiencia y Coronel, que tiene dos hijas pequeñas con Guzmán, está a la espera de que se apruebe su documentación para poder visitarlo en la cárcel. "Simplemente tiene que pasar por este proceso", dijo la abogada.


La próxima audiencia de El Chapo será el 5 de mayo. Está acusado de 17 cargos relacionados con tráfico de drogas, posesión de armas, conspiración para cometer homicidios, secuestro y lavado de dinero.

FUENTE: LA JORNADA/DPA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/el-chapo-se-ve-mejor-en-eu-que-en-mexico-abogada-mexicana

Ostula exige liberar a comunitarios secuestrados por la Armada

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula en Aquila, Michoacán en un comunicado emitido la mañana del 7 de febrero, exige la libertad inmediata de los cinco comunitarios secuestrados por fuerzas de la Marina (SEMAR)  y entregados a grupos del crimen organizado identificados con células remanentes de los Caballeros Templarios el domingo 5 de febrero.

Los hechos, ocurridos en la madrugada del domingo, relata el comunicado que “camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad de la policía comunitaria en Tizupan y en una acción planificada y no al azar, detuvieron a los cinco comunitarios. En el transcurso de la mañana, recibieron la comunicación de que el grupo criminal pedía 21 rifles de alto calibre y a dos personas para establecer la negociación de la libertad de los comunitarios secuestrados.

La comunidad indígena de Ostula en numerosas ocasiones ha reiterado su denuncia de la actuación del crimen organizado en la región de la costa y sierra de Michoacán asediando a sus comunidades como sucedió el 19 de julio de 2015 “cuando junto con elementos de la Secretaría de Defensa de México realizaron un operativo contra la población que se manifestaba contra la ilegal detención de Cemeí Verdía. En aquella ocasión, elementos del Ejército dispararon contra la población civil, provocando la muerte de Hidelberto Reyes García y lesiones en al menos 10 personas”. 

Comunicado:

Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,

Al Congreso Nacional Indígena

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A los medios libres,

A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

A lo largo de la mañana del 5 de febrero el comandante Germán Ramírez, director de Seguridad Pública del municipio de Aquila recibió una comunicación en donde se daban a conocer las demandas del grupo criminal: 21 rifles de alto calibre en posesión de la policía de aquel municipio y dos personas para establecer la negociación. A través de la llamada fue posible certificar la integridad de los comunitarios secuestrados. Sus nombres son Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia.

La comunidad indígena nahua reitera que en varias ocasiones ha denunciado la actuación criminal de varias personas que pertenecen a células remanentes de los Caballeros Templarios, grupo criminal que tuvo que abandonar el territorio de la sierra-costa michoacana a partir de febrero de 2014, debido a la presencia de autodefensas, policías comunitarias y guardias comunales.

Jesús Cruz Virrueta alias “El Chuy Playas”, Fernando Cruz Mendoza alias “El Tena” y José María Cruz alias “El Tunco” son los nombres de los criminales que mantienen privados de su libertad a los 5 comunitarios, aunque es necesario subrayar que fueron elementos de la Secretaría de Marina quienes realizaron la captura, igual que el 19 de julio de 2015, cuando junto con elementos de la Secretaría de Defensa de México realizaron un operativo contra la población que se manifestaba contra la ilegal detención de Cemeí Verdía. En aquella ocasión, elementos del Ejército dispararon contra la población civil, provocando la muerte de Hidelberto Reyes García y lesiones en al menos 10 personas, como lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 65/2016 en diciembre pasado.

Hasta el momento y luego de un fuerte operativo coordinado entre Policía Michoacán de los municipios de Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, policías comunitarias y grupos de autodefensas de la sierra-costa, así como la Guardia Comunal de Santa María Ostula, comandada por Cemeí Verdía, no ha sido posible la liberación de los comunitarios. Sin embargo, a través de una nueva llamada telefónica hecha este 6 de febrero alrededor de las 16:00, se logró certificar que los elementos secuestrados continúan con vida y están bien a decir de quien sostuvo la llamada: «estamos bien, esperamos que pronto nos liberen».

En Asamblea General la comunidad de Santa María Ostula determinó reforzar los filtros de seguridad, tanto en la encargatura de Xayacalan como en el punto de Tizupan; además, acordó colocar un bloqueo en la carretera federal 200 en el punto conocido como Triques e impedir el paso al transporte de empresas mineras y transnacionales, así como a elementos de la Marina y el Ejército.

Desde ahora advertimos que nuestras acciones irán escalando si no se da respuesta satisfactoria a nuestras demandas de justicia, por ello llamamos a los pueblos, organizaciones y personas honestas de Michoacán, de México y del mundo entero para que apoyen nuestra causa de paz y justicia resumida en las siguientes exigencias:

1. LIBERTAD INMEDIATA A LOS 5 COMUNITARIOS SECUESTRADOS POR LA MARINA Y EL CRIMEN ORGANZIADO.

2. CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE APREHENSIÓN QUE EXISTEN EN CONTRA DE INTEGRANTES DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE LOS OTROS GRUPOS DE POLICÍAS COMUNITARIOS DE LA REGIÓN SIERRA-COSTA.

3. DESMILITARIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EL CASTIGO DE LOS MANDOS Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES MILITARES Y POLICIACAS QUE ASESINARON AL NIÑO HIDELBERTO REYES GARCÍA, HIRIERON Y GOLPEARON A DIVERSOS COMUNEROS Y DESTRUYERON LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA Y LA DEVOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: CUATRO RADIOS DE COMUNICACIÓN, EL SELLO E IDENTIFICACIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, UNA PISTOLA CON REGISTRO Y CUATRO JUEGOS DE LLAVES.

4. APREHENSIÓN DE LOS JEFES DEL CARTEL TEMPLARIO EN LA REGIÓN, FEDERICO GONZALEZ MEDINA, ALIAS “LICO”, Y MARIO ALVAREZ LÓPEZ, ALIAS “EL CHACAL”, Y DESARTICULACIÓN VERDADERA DE DICHO CARTEL Y DE SU ESTRUCTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA.

5. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA LA LIBERTAD DE LOS INTEGRANTES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE LOS MUNICIPIOS DE AQUILA, COAHUAYANA, CHINICUILA Y COALCOMÁN.

6. PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 6 COMUNEROS DESAPARECIDOS Y EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DEL ASESINATO DE 34 COMUNEROS PERTENECIENTES LA COMUNIDAD DE OSTULA A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.

7. ALTO A LA DESINFORMACIÓN Y LA CREACIÓN DE GRUPOS DE CHOQUE EN EL PUEBLO NAHUA.

A T E N T A M E N T E

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

“NOSOTROS LUCHAMOS POR LA VIDA Y LA PAZ, NO LUCHAMOS POR EL PODER Y MENOS POR LA MUERTE”


“NUNCA MÁS, UN MÉXICO SIN NOSOTROS”

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/ostula-exige-libertad-inmediata-comunitarios-secuestrados-por-la-armada/

En Ostula, la Marina y el crimen organizado desaparecen a cinco comunitarios

Soldados de la Marina de Michoacán detuvieron arbitrariamente a cinco policías comunitarios de la comunidad indígena de Santa María Ostula y los entregan a grupos del crimen organizado, quienes ahora pretenden extorsionar a la población y les exigen canjear la vida de las personas por armas. Organismos de Derechos Humanos emprenden una acción urgente para exigir que el Estado mexicano garantice la seguridad y la vida de los desaparecidos por las fuerzas armadas. 

En un comunicado, integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán, informan que en la madrugada del domingo 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila y posteriormente los entregaron al crimen organizado.

La población de las comunidades indígenas naguas de la costa de Michoacán desde hace varios años han tenido que organizarse y crear policías comunitarias para protegerse de la extorsión y la violencia desatadas por la alianza de los grupos del crimen organizado y los gobiernos de los tres niveles que los reprimen y saquean.


Ante la desaparición de sus cinco compañeros, las comunidades  decidieron bloquear la carretera Federal 200 para exigir su liberación inmediata ya que temen por sus vidas. Las autoridades comunitarias señalan que los grupos criminales están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a las personas secuestradas y que abandonen el filtro que los comunitarios mantienen en el crucero de Tizupan.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/ostula-la-marina-crimen-organizado-desaparecen-cinco-comunitarios/

Apoyará UNAM a estudiantes y académicos repatriados de EU

Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apoyará a todos los jóvenes mexicanos que estudian en Estados Unidos y que se vean en complicaciones para continuar su formación en aquel país ante las políticas discriminatorias y xenofóbicas del gobierno de Donald Trump.

El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, anunció una estrategia de apoyo a estudiantes y académicos mexicanos que se encuentran en instituciones estadunidenses con el objetivo de que en caso de ser deportados, puedan ser recibidos en la propia UNAM o en otras instituciones para que continúen con sus labores académicas.

“La UNAM no puede quedar al margen del actual conflicto. Por ello, está realizando y emprenderá diversas acciones en apoyo a uno de los grupos más vulnerables”, apuntó Graue Wiechers durante el evento 'México a 100 años de su Constitución: balance y reflexiones desde la UNAM', que se efectuó esta mañana en la Torre de Rectoría.

Como parte de este plan, el rector envió una carta a las 39 universidades estadunidenses con las que tiene convenios vigentes, para invitarlas a que, en caso de que los estudiantes mexicanos tengan dificultades para continuar con sus estudios, hagan contacto con la UNAM a fin de recibirlos, o bien, para servir de puente con casas de estudios incorporadas o de otros estados de la República.

“El objetivo es que los alumnos deportados puedan continuar sus estudios y el país no se quede sin potencial intelectual”.

También se envió otra misiva a la Asociación de Universidades Públicas (APLU, por sus siglas en inglés), para agradecer la solidaridad que 139 de sus instituciones miembro han manifestado ante las medidas discriminatorias y xenófobas del actual gobierno estadunidense.

Instancias universitarias como la Secretaría General, la Oficina de la Abogada General y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, anunció el rector Graue, propondrán al Consejo Universitario mecanismos y medidas para evitar trámites excesivos que en circunstancias como las presentes, sean difíciles de cumplir para la incorporación de estos estudiantes a los diferentes niveles académicos.

La UNAM invitará a todas las universidades autónomas del país a sumarse a estas medidas. “Estoy seguro que, entre todos, crearemos la oferta educativa necesaria para apoyar la reintegración de esos estudiantes”.

Asimismo, la máxima casa de estudios creó el reconocimiento Alfonso García Robles, que lleva el nombre del mexicano ganador del premio Nobel de la Paz, que se otorgará a alcaldes, gobernadores, funcionarios, agrupaciones e instituciones de educación superior que se opongan a la intolerancia y xenofobia del gobierno de Trump y que actúen en favor de los derechos humanos de los connacionales en aquel país.

También se convocó a una reunión para el próximo 24 de febrero a las cinco sedes que la UNAM tiene en Estados Unidos, para discutir, acordar y articular medidas necesarias ante los embates de Trump contra los mexicanos y el país.

De manera institucional, señaló el rector, la UNAM se unirá a la marcha convocada por diversos sectores de la sociedad, que será al mediodía de este domingo 12 de febrero e irá del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, y que tiene por objetivo la defensa de la soberanía y la dignidad.


“La defensa de nuestra dignidad y soberanía está y debe estar por encima de cualquier ideología, posiciones políticas o reclamos administrativos. La embestida externa no nos debe encontrar desunidos”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/apoyara-unam-a-estudiantes-y-academicos-repatriados-de-eu

Ventas de Walmart, afectadas por saqueos durante protestas por ‘gasolinazo’

Ciudad de México. El crecimiento de las ventas de la empresa Walmart durante enero se vio afectado por los saqueos que sufrieron algunas de sus sucursales en medio de las protestas por el gasolinazo, además de que a la fecha todavía mantiene 27 unidades cerradas.

“Derivado de tales disturbios, estimamos que nuestro crecimiento en ventas en México se vio afectado entre aproximadamente 150 y 200 puntos base (pbs), tomando en cuenta la tendencia mensual de aquellas tiendas que fueron afectadas por los saqueos y de las que cerraron de forma temporal”, informó la transnacional a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La empresa precisó que sus ventas crecieron 6.2 por ciento a tasa anual durante el primer mes de 2017, pero el incremento podría haber sido de entre 7.7 y 8.2 por ciento de no haber perdido los 150 o 200 puntos base que mencionó y que se traducen en 1.5 o 2 puntos porcentuales.

El resultado de enero contrasta además con los crecimientos de 7.7 y 10.9 por ciento que Walmart obtuvo en enero de 2015 y 2016, respectivamente. También representa el crecimiento mensual más bajo desde hace 5 meses, ya que en agosto del año pasado se ubicó en 4.8 por ciento.

En total, la transnacional obtuvo 37 mil 571 millones de pesos por las ventas y precisó que el monto promedio de compra por cliente subió 6.8 por ciento, aunque el número de transacciones bajó 1.5 por ciento.

Las 27 sucursales dañadas en los disturbios que Walmart mantiene cerradas y en las cuales trabaja “para reanudar operaciones lo antes posible” representan apenas 1.17 por ciento respecto a las 2 mil 291 tiendas que la transnacional tiene en todo México y de las cuales 77 por ciento son Bodegas Aurrerá, la última inaugurada en este mes de febrero en Monterrey.

En su reporte de enero, Walmart indicó que las tiendas afectadas se ubican en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, además de que las protestas también afectaron a sus proveedores y centros de distribución.


“Gracias a las medidas preventivas que tomamos, logramos salvaguardar la integridad de nuestros asociados, clientes y socios durante estos acontecimientos”, indicó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/ventas-de-walmart-afectadas-por-saqueos-durante-protestas-por-2018gasolinazo2019

Costo económico del crimen en México equivale a 1.92% del PIB

Ciudad de México: El crimen genera en México un costo económico equivalente a 1.92 por ciento del producto interno bruto (PIB), el más bajo entre 17 países analizados de América Latina y el Caribe.

Además, la cifra se ubica por debajo del promedio regional de 3.55 por ciento y del 2.75 por ciento de Estados Unidos respecto al PIB correspondiente, revela un análisis comparativo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La investigación fue realizada a partir de lo que gastan los gobiernos para combatir los delitos, pérdidas económicas que dejan los homicidios, gastos en seguridad privada, erogaciones por el mantenimiento de prisiones y lo que el país deja de generar económicamente por personas asesinadas o encarceladas, entre otros factores.

El costo de 3.5 por ciento del PIB regional que deja el crimen, triplica el costo global del terrorismo, el del cambio climático e incluso del Brexit, ya que se ha calculado que cada uno equivalen aproximadamente al uno por ciento mundial, explicó el organismo.

En total, los costos que deja el crimen en México ascienden a 41 mil 295 millones de dólares, la tercera parte si se compara con los 124 mil 351 millones de dólares que se registran en Brasil.

El BID destacó que ambos países concentran 71 por ciento del costo total de los homicidios cometidos en América Latina, pero Brasil contribuye con 52 por ciento y México con 19 por ciento. Indicó que el gasto en prisiones que realizan los 17 países analizados triplica el financiamiento de Prospera y Bolsa Familia, los principales programas que tienen México y Brasil para combatir la pobreza.

El costo per cápita del crimen en México ascendió a 344.95 dólares en 2014, último año del que el BID obtuvo cifras comparables entre los países analizados, y que a la cotización actual equivalen a 7 mil 209 pesos a la cotización. La cifra es menor no sólo a Brasil y Argentina, sino también a Chile, Uruguay, El Salvador, Costa Rica y Colombia que oscilan entre los 420 y los 688 dólares.

Si sólo se habla de homicidios, el banco regional calculó que en México el costo promedio pasó del 0.20 por ciento del PIB en 2010 a 0.13 por ciento en 2014, lo que implica un promedio de 0.17 por ciento en el periodo. En contraste, en Argentina el promedio es de apenas 0.6 por ciento y en El Salvador de 0.73 por ciento.

El BID aclaró que se trata de cifras “conservadoras” toda vez que aunque incluye lo que gastan los gobiernos y el sector privado en diferentes acciones y programas, no se tomaron en cuenta aquellos referidos a la prevención de la violencia o gastos en salud derivados de la violencia, entre otros.


En cuanto al gasto en prisiones y las pérdidas económicas que se registran en México por la gente en edad productiva que está encarcelada señaló que equivalen al 0.22 por ciento del PIB (el promedio regional es de 0.39 por ciento), compuesto por un 0.12 por ciento del gasto público en prisiones (el promedio regional es de 0.20 por ciento) y de 0.10 por ciento por las pérdidas de ingresos por privación de la libertad. En tanto que el gasto en seguridad privada que se realiza es de 0.09 por ciento, uno de los más bajos entre las naciones latinoamericanas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/costo-economico-del-crimen-en-mexico-equivale-a-1-92-del-pib

Duermen en el suelo y beben agua contaminada: así trabajan niños indígenas en un rancho

Por tercera vez en algo más de un año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades locales y federales por un caso de explotación laboral de menores indígenas en un rancho agrícola. UNICEF México estima que 44% de los hogares de jornaleros tienen, al menos, un niño trabajador.

Niños indígenas de entre cuatro y 12 años de edad trabajaban en un rancho agrícola en San Luis Potosí, donde compartían cuartos hacinados con más de 200 jornaleros y dormían en el suelo infestado de chinches. Además, los menores de etnia nahua solo disponían de cartones para cubrirse en la noche, y se les negó la atención médica a pesar de las fuertes diarreas que padecían por el consumo de alimentos podridos y agua no potable.

Y todo, con el ‘permiso’ de funcionarios públicos de la Secretaría del Trabajo local y federal, la Procuraduría estatal de justicia, y de la Procuraduría de Protección de Niños, quienes a pesar de estar enterados de las denuncias no tomaron medidas para evitar las violaciones a derechos humanos.

Todo lo anterior lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación –la tercera por el mismo motivo desde octubre de 2015- que envió al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para que se repare el daño a los menores y a los jornaleros indígenas.

Trabajaban niños de entre cuatro y 12 años de edad

Según consta en la recomendación 70/2016, el 13 de junio de 2016 la Comisión de derechos humanos de San Luis Potosí recibió una llamada telefónica de Juan pidiendo ayuda.

Juan, cuyo verdadero nombre queda protegido por temor a represalias, explicó que trabajaba sembrando chile y pepino en un rancho en el municipio potosino de Villa Juárez. Y que junto a él había al menos otros 240 jornaleros indígenas, “incluyendo niños de entre cuatro, cinco y 12 años de edad”, que llegaron desde diferentes puntos de las sierras de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, para laborar de 07.30 de la mañana hasta las 16.30 de la tarde por un salario de 150 pesos al día.

En su denuncia de hechos, Juan expuso que las condiciones de trabajo y alojamiento eran infrahumanas para todos los jornaleros, pero más aún para los menores que dormían con otras ocho personas tirados en el suelo, entre el lodo y una “epidemia” de chinches.

Tres días más tarde de la denuncia telefónica, el 16 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó el caso y un día después se presentó en la Secretaría del Trabajo Federal en San Luis Potosí para pedirle que diera “atención inmediata” a la denuncia de Juan.

Pero ni la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo, ni tampoco la Secretaría del Trabajo local, realizaron acción alguna para verificar las condiciones laborales en este rancho, por lo que la CNDH se presentó el 19 de agosto en las instalaciones del campo agrícola.

Cocinaban alimentos con agua contaminada de una cisterna

Allí, durante dos días, la CNDH documentó que al menos siete niños estaban trabajando “en condiciones indignas” y de “explotación”, y que prácticamente vivían hacinados como el resto de jornaleros en unas caballerizas.

“Las viviendas proporcionadas por el empleador eran inadecuadas, pues permitían la filtración del agua de lluvia, el suelo era de tierra, carecían de instalaciones eléctricas, había presencia de fauna nociva y el agua con el que cocinaban sus alimentos provenía de una cisterna que, a simple vista, presentaba malas condiciones de higiene con insectos en la superficie”, detalla el informe de la CNDH.

Los patrones les vendían alimentos “excesivamente caros” en la tienda del rancho

Además, los menores y los jornaleros no contaban con baños ni regaderas, ni con agua potable para beber. Situación que los obligó a tener que caminar a diario varios kilómetros para bañarse y beber agua en un arroyo, lo que a su vez originó que muchos de ellos presentaran síntomas de diarrea, a pesar de lo cual los dueños del rancho les negaron la atención médica.

En cuanto a la alimentación de los menores y de los jornaleros, el ‘menú’ siempre era el mismo: agua hervida con frijoles y 600 gramos de tortilla por persona. Aunque los patrones del rancho tenían una tienda en el campo donde les vendía productos “excesivamente caros”, por lo que los jornaleros acababan endeudándose con sus jefes si querían comer una ‘dieta’ diferente.

Autoridades solo hicieron trámites burocráticos

Tras la visita al rancho, la CNDH solicitó el 20 de agosto a la Procuraduría de justicia de San Luis Potosí la implementación de medidas cautelares para proteger a los menores y a los jornaleros explotados. Petición a la que la Procuraduría contestó afirmativamente por escrito.

Sin embargo, la CNDH denuncia en su recomendación que la Procuraduría no tomó en realidad ninguna acción concreta, al igual que que la Secretaría del Trabajo local y estatal.

“Quedó plenamente evidenciado que las autoridades responsables de la aplicación de las leyes del trabajo no adoptaron las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos, a pesar de haberles sido requeridas por la Comisión Nacional, a quienes hicieron llegar sus correspondientes aceptaciones”, recalca la CNDH.

En cuanto al trabajo de la Procuraduría estatal, la Comisión evidencia que su actuación se limitó básicamente a abrir una carpeta de investigación y a realizar trámites burocráticos estériles entre sus diferentes áreas, sin llevar a cabo “acciones de investigación ni medidas de protección de las posibles víctimas de delito”, como la explotación laboral y/o la trata de personas.


Por estos motivos, la CNDH dirigió la recomendación a Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría del Trabajo federal, y a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, a quienes instó a que sus respectivos órganos internos de control inicien una investigación en contra de 12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo federal y local, a la Procuraduría estatal, y a la Procuraduría estatal de Protección a niños, “por no investigar el caso, ni proteger y salvaguardar los derechos de los jornaleros” ni de los menores.

RECOMENDACIÓN

“Condiciones infrahumanas” también en Baja California

Cabe subrayar que esta no es la primera recomendación que emite la CNDH por un caso de explotación laboral de jornaleros indígenas y de menores.

De hecho, apenas el pasado 31 de mayo de 2016, la comisión envió otra recomendación al secretario del trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, por las “condiciones infrahumanas” en las que fueron hallados jornaleros rarámuris en campos del municipio de Comondú.

En esta recomendación también se denuncian violaciones a derechos humanos en contra de menores indígenas que trabajaban en el campo en condiciones precarias.

Mientras que meses antes, en octubre de 2015, la CNDH emitió otra recomendación dirigida esta vez al entonces titular de Sedesol, José Antonio Meade, así como al ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, luego de que una menor indígena perdiera la vida ahogada en el aljibe de un albergue comunitario para jornaleros agrícolas.

44% de hogares de jornaleros cuentan con al menos un niño trabajador

UNICEF advierte que en México los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas “son un grupo especialmente vulnerable”.

Así lo apunta en su estudio ‘Trabajo infantil’, en el que la agencia para la niñez de la ONU subraya que 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con, al menos, un niño o una niña trabajador.


Es decir, que en casi 5 de cada 10 casas de jornaleros los niños laboran, estando expuestos a posibles violaciones a derechos humanos como la explotación laboral o el tráfico de personas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/trabajo-ninos-indigenas-rancho/

Grupos criminales crecieron 900% durante la guerra contra el narco de Calderón

De acuerdo con estudios del CIDE, en los primeros cinco años de la lucha contra el crimen se deterioraron las condiciones de seguridad y se incrementó el número de muertos por enfrentamientos.

Los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900% durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pese a la estrategia de enviar al ejército a las calles a combatirlos, revelan cinco estudios* realizados por investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE).

En ese mismo sexenio se disparó por arriba del 2000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes, concluyen los investigadores del CIDE.
El aumento de la violencia derivada de la estrategia para combatir al narcotráfico deterioró las condiciones de seguridad en el país, dicen los investigadores.

En el 2007, cuando comenzó el despliegue de fuerzas federales operaban en el país 20 organizaciones criminales que estuvieron involucradas en 79 enfrentamientos o ataques ya sea entre ellas o con la autoridad.

Tres años después, en 2011 ya se encontraban en operación 200 grupos criminales que solo en ese año estuvieron implicados en más de mil enfrentamientos.

Con ellos aumentó 2,093% el número de muertos. Mientras que en 2007 la tasa de víctimas letales por cada incidente era apenas de 0.08 (en promedio un civil muerto por cada 10 enfrentamientos); para 2011 esta tasa ya era de 1.9 muertos (en promedio dos personas muertas por un solo enfrentamiento).

El promedio de detenidos por enfrentamientos pasó de 0.4 en 2007 a 1.7 en 2011, un crecimiento de más del 300%.

Los analistas calcularon que cada enfrentamiento adicional protagonizado por la Secretaría de la Defensa Nacional representó un incremento del 8% en los homicidios en el trimestre inmediato al evento, y del 3% en el año inmediato.

La hipótesis de “descabezamiento de cárteles” o de desequilibrio del status quo entre grupos también es corroborada por los datos. En el corto plazo, tanto matar como detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la fuerza pública provoca un incremento de la violencia en 0.5% y de 3%, respectivamente.

En el largo plazo, un detenido adicional no tiene ningún efecto en la violencia, pero un miembro del crimen organizado adicional ejecutado en enfrentamientos con la fuerza pública genera un incremento en los homicidios de 1%” concluyen los expertos

El remedio… ¿peor que la enfermedad?

Entre los resultados que arrojan los estudios destaca que entre 2007 y 2011 se registraron en total tres mil 327 combates entre las fuerzas armadas y federales con células de grupos delictivos. Más del 84% de dichos incidentes fueron propiciados por los propios soldados o policías y el resto fue en respuesta a una agresión directa.

En su análisis, los expertos advierten que la intervención de las fuerzas federales ha derivado en la detención o muerte de líderes criminales pero esto, lejos de frenar las actividades de los grupos delictivos, ha propiciado una multiplicación de los mismos.

“Las estimaciones mues­tran que las intervenciones de las fuerzas públi­cas de seguridad tienden a fragmentar aún más a las organizaciones criminales; y que estos cam­bios producen a su vez más violencia” indican los analistas.

El deterioro de las condiciones de seguridad impulsada por la fragmentación y disputa de los grupos delictivos también ha incidido en la libertad de prensa.

En uno de los análisis denominados “Voces Silenciadas” se revela, además del incremento en el homicidio de periodistas del 2007 al 2011, que el 63% de los homicidios (31 casos) ocurrió en municipios donde había una disputa entre grupos criminales. En tanto, el 12% de los asesinatos se registró en localidades donde solo operaba un grupo criminal y el 25% en donde no se tenía reportada la presencia de ninguno.

Estos resultados, prosigue el análisis,  son “consistentes con la hipótesis de la fragmentación que afirma que en condiciones de competencia (criminal) la violencia contra periodistas también aumenta”.

Letalidad… y opacidad

En el desarrollo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se incrementó de forma significativa la letalidad de las fuerzas armadas en los enfrentamientos, es decir, el porcentaje de civiles que murieron en cada enfrentamiento.

Lo que hicieron los analistas es identificar los llamados “eventos de letalidad perfecta por fuerzas públicas”, que son aquellos combates donde no hubo lesionados ni sobrevivientes del lado de los presuntos agresores.

Entre el año 2007 y 2008 estos eventos se mantuvieron en una proporción similar a los combates donde si hubo detenidos o lesionados pero a partir de ahí crecieron de forma significativa. En 2009 se registraron 59 enfrentamientos con letalidad perfecta por 48 que no lo fueron; para 2010 la cifra se disparó a  280 combate de letalidad perfecta por solo 91 donde hubo sobrevivientes; y en 2011 fueron 451 eventos sin sobrevivientes por 149 en donde sí los hubo.

Otro dato revelador es el incremento de la proporción de civiles fallecidos justamente en estos “eventos de letalidad perfecta”. Mientras que en 2008 representaron el 60% de los decesos de presuntos agresores para 2011 la proporción era superior al 90 por ciento.

De acuerdo con los datos del CIDE, de los tres mil 413 civiles fallecidos en los enfrentamientos contra las fuerzas militares y policiales entre 2007 y 2013, están dos mil 938 (más del 86%) que perdieron la vida justamente en estos combates de “letalidad perfecta” donde no hubo sobrevivientes

“Estas cifras sugieren que la guerra contra el crimen organizado en México es cada vez más letal y costosa medida por el número de pérdidas de vidas humanas” concluyeron los especialistas.

Por otra parte los especialistas del CIDE advirtieron que desde hace al menos cinco años existe opacidad en cuanto a los datos oficiales de homicidios vinculados con el crimen organizado. La única estadística oficial que se dio a conocer en 2012 correspondía al periodo de los años 2007 a 2011.


“En mayo de 2012, en el contexto de la 27ª Sesión Plenaria de la Con­ferencia Nacional de Procuradores de Justicia, los procuradores locales consideraron que esta nue­va base no era confiable y “decidieron recons­truirla con la misma metodología para tener cer­teza de las cifras con datos verificados por cada dependencia. A la fecha no se ha publicado una base de datos verificada por las procuradurías locales” indica el estudio

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/grupos-criminales-aumentaron-900-la-guerra-narco-calderon/

La Alerta de Género es “letra muerta” en el Edomex; suman 37 feminicidios en 2017, alerta ONG

Aunque la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue un logro de las organizaciones civiles en el Estado de México, hasta el momento presenta fallas en la aplicación de los protocolos que establece la medida. Errores que han ocasionado que los feminicidios continúen, dicen activistas y legisladoras.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de México ha sido insuficiente para frenar los feminicidios, y sólo en lo que va del año se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres. Activistas critican que la medida “es letra muerta” en la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas.

Muchos de estos homicidios, criticó David Mancera Figueroa, presidente de la organización civil Solidaridad por las Familias, no son investigados como feminicidios.
“Llevamos 37 feminicidios al día de hoy. La Alerta de Violencia de Género, a unos días de que se conmemore el día internacional de la mujer el 8 de marzo, es letra muerta, porque aunque existen los protocolos de actuación para ponerla en marcha, no lo han hecho porque no saben cómo capacitar al personal. Los homicidios de mujeres, asesinatos, siguen siendo tratados como homicidios normales, lo dejan al libre albedrío del Ministerio Público”, dijo.

La declaratoria fue la primera en el país. El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNAPASEVM) emitió la Alerta de Género por unanimidad el 28 de julio de 2015 en 11 municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

La medida se implementó cuatro años y medio después de que fue realizada la solicitud correspondiente. Un día después de emitida la alerta, los expertos en el tema y activistas involucrados, dijeron que debía impactar en toda la entidad con medidas urgentes en prevención, seguridad y justicia. Sin embargo esto no ha sucedido.

El pasado 31 de enero, el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), dio a conocer que durante 2016, en el Estado de México ocurrieron 263 feminicidios, de los cuales 39 ocurrieron sólo en el municipio de Ecatepec.


A Ecatepec le siguen Naucalpan, con 17 casos; Toluca, con 16; Chimalhuacán, con 15; Chalco, con 13; Nezahualcóyotl, con 12; Tultitlán, con 11; Ixtapaluca, Nicolás Romero y Tlalnepantla, con 9 cada uno, y Cuautitlán Izcalli con 7.

Mexfem detalló que, de manera preliminar, se tiene registro de 17 feminicidios en Ecatepec, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl en lo que va de 2017.

Sin embargo, el activista David Mancera aseguró que las cifras son más elevadas. Sobre todo en el municipio de Ecatepec, el lugar “más peligroso de México”, dijo. Además, en lo que va del año han desaparecido 25 mujeres en la entidad, afirmó.

De acuerdo con el activista, en Ecatepec hay feminicidios que no se investigan como tal, por lo que no quedan registrados en las cifras oficiales.
“Te podría decir el de Nancy Ríos, una mujer de 25 años, que tenemos pruebas que fue su marido quien la desapareció y se las hemos entregado a la Fiscalía, pero no se investiga como feminicidio. La Alerta de Género sigue siendo letra muerta, tuvimos el atentando contra Andrade [María Luisa García Andrade, defensora de los derechos humanos] donde los protocolos de actuación en defensa de esta mujer no se han llevado a cabo”, argumentó.

En octubre de 2016, María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), reveló a SinEmbargo que de 550 mujeres asesinadas de principios de 2015 a esa fecha, sólo 18 por ciento eran investigados como feminicidio.

La activista precisó que en un periodo de 18 meses habían desaparecido 2 mil 043 mujeres en la entidad, la mayoría menores de edad.

FALLAS EN LA APLICACIÓN DE LA ALERTA

David Mancera explicó que una de las principales fallas de la alerta, es que no se aplican los protocolos de actuación, una de las bondades de la medida.
“La alerta en sí, es un logro. Los protocolos pueden ayudar, pero no hay quien los implemente: una mujer golpeada sigue teniendo cuatro sesiones psicológicas y 25 días de espera para que le determinen si tuvo violencia o no”, criticó.

EL activista denunció que aún se solicitan las 72 horas de espera, antes de denunciar la desaparición de una mujer.

La activista María de la Luz detalló, en entrevista con este medio digital, que hay algunos avances de la Alerta de Violencia de Género, que como directora de una de las organizaciones peticionarias de la medida en la entidad, ha dado seguimiento.
“Las alertas plantean medidas de seguridad, procuración y prevención, y la alerta primera fue la del Estado de México, donde nos llevó casi cuatro meses en arrancar con lineamientos de cómo se tendrían que llevar las reuniones de seguimiento, cómo se iba a medir el cumplimiento, porque necesitamos indicadores de resultados. En los últimos meses estamos impulsando los mecanismos que realmente funcionen como la Unidad de Análisis y Contexto”, dijo

La Unidad de Análisis y Contexto es la primera en el país y se instaló con 21 especialistas entre criminólogos, abogados, psicólogos y analistas, añadió.

“Necesitamos que tengan todos los recursos económicos, porque ellos van a llevar casos que son fundamentales para crear análisis de contexto. Son procesos que no son sencillos. Parar formar esta unidad se contrató a quién la iba hacer, se trajo a un Fiscal de Colombia que hizo diagnósticos del funcionamiento de la Procuraduría. Todo esto lleva tiempo, luego el Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] lo tiene que aceptar y decretar, para que no venga un nuevo gobierno y desaparezca las cosas”, agregó la directora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio.


Las organizaciones también trabajan con los Ministerios Públicos para la redirección de la investigación de casos. La labor ha sido ardua, precisó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-02-2017/3145977

Campesinos venden sus cajas de fresas a 25 pesos en calles de Guanajuato; acusan bloqueos de EU

Los vendedores aseguraron a algunos ciudadanos que eran originarios de Irapuato y que también tuvieron que salir a las calles de Salamanca y León para vender las fresas, aproximadamente entre 40 y 50 toneladas, porque en la frontera de Estados Unidos ya no les habían querido poner el sello para ingresar.

En redes sociales se está promoviendo la venta de cajas de fresas en las calles de Salamanca y al menos otras dos ciudades del estado; los vendedores de la fruta acusan que no dejaron entrar el producto a Estados Unidos, por lo que las están teniendo que rematar a 25 pesos la caja.

Los vendedores aseguraron a algunos ciudadanos que eran originarios de Irapuato y que tuvieron que salir a las calles de Salamanca, Irapuato y León para vender las fresas, aproximadamente entre 40 y 50 toneladas porque en la frontera de Estados Unidos ya no les habían querido poner el sello para ingresar.


Sin embargo, la camioneta que contactó Zona Franca solo portaba alrededor de unas 150 cajas de fresas.

En las redes sociales incluso se invitó a que acudieran en días pasado a un domicilio donde les habían dejado permanecer por unos momentos para vender la fresa de la marca Harverst 52, sin embargo esta marca tiene su domicilio fuera del estado de Guanajuato y con domicilio fiscal en Colima y Michoacán.

Se trató de dialogar con la empresa vía el teléfono que circula (462 2350836) y que encuentra en la página, pero no se logró esclarecer la situación, pues aunque se tuvo contacto vía telefónica aparentemente con una trabajadora, cuando se le explicó que esta reportera buscaba una entrevista para saber por qué no les habían dejado entrar la fresa a Estados Unidos, y aclarar de dónde son originarios, la mujer explicó que era originaria de León y aclararía más cosas después, porque iría a una junta.

En cuanto al otro número, el que aparece en la página web, no contestaron.


En la redes sociales, o obstante, algunos de los comentarios son en apoyo de la empresa, otros cuestionaban si cumplían con todos los requerimientos, y que al fallar estos, sería que no dejaron entrar el producto al vecino país.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-02-2017/3146494

Moody’s alerta de nubarrones sobre México por la deuda, y el Gobierno de EPN gasta en… fiestas

La agencia calificadora Moody’s, que ha puesto la nota de México en revisión para una posible baja, alertó que la deuda del país aumentó más de lo esperado el año pasado y que el débil crecimiento podría añadir presiones en 2017. Destacó que el aumento de las tensiones con Estados Unidos, principal socio comercial del país, pone en riesgo la economía del país. Pero, en medio de este contexto, el diario Reforma informó hoy que en pleno llamado de austeridad, el Gobierno federal gastó el año pasado 29 mil 170 millones 468 mil pesos en fiestas, así como para premiar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

La calificadora Moody’s, que ha puesto a revisión la calificación para México para una posible baja, alertó hoy que el bajo crecimiento económico y el aumento de deuda más de lo que se esperaba en 2016, más las tensiones con Estados Unidos generarán presión a la solvencia del país para éste año.

Actualmente, México cuenta con una calificación A3 que fue ratificada el año pasado por la calificadora; sin embargo bajó su expectativa de “estable” a “negativa”.

Justo hoy, el periódico Reforma informó que en pleno llamado de austeridad, el Gobierno federal gastó el año pasado 29 mil 170 millones 468 mil pesos en fiestas, así como para premiar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

La calificadora Moody’s alertó que la deuda de México aumentó más de lo esperado y que el débil crecimiento podría añadir presiones en 2017.

En un informe recogido por la agencia Reuters, Moody’s anunció que pondrá a revisión la calificación a México, ya que la solvencia del país tiene un panorama con múltiples presiones como lo son que el año pasado tuvo un bajo crecimiento económico y la deuda pública creció más que lo que se esperaba. Aunado a ello, se agregan las tensiones con Estados Unidos, ante las amenazas del nuevo Presidente de EU, Donal Trump.
“El desempeño fiscal peor de lo esperado es negativo para México y pesa sobre su solvencia en medio de la debilidad de la actividad económica y el aumento de las tensiones con Estados Unidos, su principal socio comercial, luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, destacó el reporte de la calificadora.

El reporte emitido por la calificadora señaló que el gobierno federal incruento su déficit a un 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, frente al 2.8 por ciento en el año previo. “la calificadora esperaba una consolidación fiscal y una reducción del déficit a un 2.5 por ciento del PIB para 2016”, señala Reuters sobre el informe.

La rebaja en la calificación a la deuda, advierte Moody’s generará más presión a la actividad económica mexicana ya que, afectaría a la atracción de la inversión en el país.


Organizaciones y economistas internacionales han advertido, desde el mes pasado, que la expectativa de crecimiento para México en este 2017 es baja.

A mediados de enero el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las Naciones Unidas dieron su estimaciones sobre el crecimiento económico, ambos, con ajustes en menos a la baja que lo sitúan en menos del 2 por ciento.
El informe de las Naciones Unidas descendió su perspectiva de crecimiento para México en 2017 de un 2 por ciento a un 1.9 por ciento porque proyecta que la inversión “declinará más”, y habrá menores flujos de comercio internacional.

Estimó que en 2016 el PIB nacional se expandió un 2 por ciento. El crecimiento en México y América Central se mantendrá moderado y se proyecta una expansión del PIB de un 2.3 por ciento en 2017 y un 2.2 por ciento en 2018 en medio de un contexto de elevada incertidumbre.

Durante la conferencia “Situación y perspectivas de la economía mundial”, Ramón Padilla Pérez, jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL México, informó que la economía global creció un 2.2 por ciento en 2016, el menor nivel desde la crisis de 2008.


Estiman que en 2017 se expandirá 2.6 por ciento y en 2018 el mundo crecerá 2.9 por ciento por una mayor expansión de Estados Unidos por las medidas fiscales anunciadas por el Presidente electo.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI), también ha rebajado notablemente las proyecciones de crecimiento en México para hasta el 1.7 por ciento 2017 y 2 por ciento 2018, en ambos casos seis décimas menos que lo calculado en octubre, debido a la “incertidumbre” derivada de la llegada a la presidencia estadounidense de Donald Trump.

En su actualización del informe de “Perspectivas Económicas Globales”, el Fondo argumentó este empeoramiento en las perspectivas por “unas condiciones financieras más restrictivas y vientos en contra más fuertes para México debido a la incertidumbre relacionada con Estados Unidos”.

No obstante, agregó que México cuenta con “sólidas” políticas macroeconómicas que ayudan a “amortiguar” estos riesgos y señaló que también contribuiría a reforzar la posición de la economía mexicana avanzar en su proceso de consolidación fiscal.


EL DERROCHE EN FIESTAS: REFORMA

De acuerdo con el diario Reforma, mantener alegres a los burócratas del Gobierno federal cuesta 29 mil millones de pesos.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), citados por el medio, revelaron que la celebración del Día de Reyes en diversas dependencias y organismos de Gobierno, por ejemplo, tuvo un costo de 231 millones 459 mil pesos.

En tanto que la celebración del Día de la Madre costó 158 millones 98 mil pesos, mientras que el Día del Niño, otros 50 millones 847 mil pesos.

Festejar el Día de la Secretaria, dice el medio, salió en un millón 69 mil pesos, el del Maestro en 2 millones 457 mil y el Día de los Trabajadores Agrarios, otros 508 mil pesos.

También los padres tuvieron su festejo en la burocracia federal y para ello se destinaron 3 millones 856 mil pesos.

Hasta para celebrar el Día del Caminero el Gobierno federal implicó el gasto de recursos, en ese caso, 591 mil 600 pesos.

Hacienda detalló que entre los gastos del año pasado también se incluyeron algunos premios para los funcionarios públicos.

Por ejemplo, mencionó Reforma, el costo del bono por asistencia para los burócratas en 2016 ascendió a 10 mil 99 millones de pesos, monto superior al que presumen varios programas de cultura o educación.

El que un burócrata llegue a tiempo le cuesta al Gobierno federal 10 mil 885 millones de pesos.

También existen pagos por “asiduidad” y por perseverancia, conceptos en los que se gastaron 10 millones 505 mil pesos y mil 223 millones 98 mil pesos, respectivamente.


Otros eventos también requirieron de montos elevados del erario para poder llevarse a cabo. Tal fue el caso de las actividades culturales, sociales y deportivas que organizaron organismos federales, y para las cuales se usaron 6 mil 190 millones de pesos, sin que se detalle la razón o el costo de cada uno de esos eventos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-02-2017/3146578

PRI no ve riesgo de militarización con Ley de Seguridad Interior

César Camacho dijo que a su bancada no le interesa abordar y resolver de manera prioritaria la legislación en materia de suspensión de garantías.

Este martes los titulares las secretarías de Defensa (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón Sanz, se reunieron en privado con diputados y senadores que integran las comisiones de Gobernación de ambas cámaras.

Al terminar la reunión, legisladores del PRI y el PRD expresaron a la prensa sus impresiones de lo discutido con los mandos castrenses acerca de la Ley de Seguridad Interior.

PRD propone delimitar actuación de militares en mando mixto

El coordinador de los diputados del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, planteó la necesidad de profesionalizar a los cuerpos de policía y establecer dentro del mando mixto policial en los estados las condiciones de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“La seguridad interior del país, como el caso del narcotráfico, debe ser necesariamente función de la policía, por lo que se requiere impulsar la profesionalización de éstas y que la participación del Ejército sea sólo de manera temporal”, dijo.

“No estamos diciendo que se retire ya totalmente el Ejército. Se tiene que establecer, como parte de la ley de mando mixto, a través de los transitorios, un plan de trabajo en el cual paulatinamente el Ejército pueda estar o pueda retirarse”, señaló.

El perredista recordó que su grupo parlamentario no apoyará la iniciativa de Ley de Seguridad Interior y agregó que los gobiernos estatales deben responsabilizarse de la profesionalización de sus policías porque éstos dejan muy fácilmente la encomienda al Ejército, sin preocuparse por fortalecer sus policías y eso es un acto de irresponsabilidad para quien así lo esté haciendo

“Querer inmiscuir al Ejército en estas tareas de seguridad no es lo propio, tenemos que conservar y preservar la dignidad del Ejército y de la Armada y no meterlos en estas dinámicas que pueden generar un verdadero conflicto y mucho menos si estamos hablando de un plazo, que algunos se han atrevido a denominar en términos de número, de seis meses”, asentó.

Por otro lado, el diputado Rafael Hernández Soriano dijo que “hubo un intercambio de opiniones franco” con Cienfuegos Zepeda y Soberón Sanz.

El legislador perredista comentó que la iniciativa del PRI fue vista con aceptación por los titulares de ambas dependencias, pero “sin el debido cuidado por todo lo que implica esa legislación, como la necesidad de revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la ley”.

Ley de Seguridad interior no debe aplazarse por dictamen sobre suspensión de garantías: PRI

El vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la Ley de Seguridad Interior “es indispensable” y buscará dar certeza jurídica a la participación del Ejército en tareas de combate a la inseguridad.

“No hay riesgo de militarización, al contrario, el propósito es la desmilitarización, al señalar con precisión en la ley, dónde, cuándo y por cuánto tiempo (será la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad)”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

“Se ha abusado de la intervención del Ejército, y de lo que se trata ahora es de que cada quien asuma su responsabilidad, y que el Ejército regrese a cumplir su encomienda principal”, agregó.

Ramírez Marín comentó que en la Cámara de Diputados estarán atentos de las recomendaciones, tanto de las organizaciones en México como de la ONU, y que “no hay ningún inconveniente” con que la Ley de Seguridad Interior salga primero que la reforma sobre el mando mixto policial en los estados.

Por otro lado, el coordinador del PRI, César Camacho, coincidió en que la dictaminación y aprobación de la Ley de Seguridad Interior es urgente y no puede esperar a que se resuelva el tema del mando mixto policial ni el de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías.

“No esperaríamos a resolver la minuta de reforma constitucional relacionada, con lo que ha ido cambiando de nombre, mando único, mando mixto de los policías… los contornos competenciales de la seguridad pública están claramente definidos y diferenciados de la seguridad interior”, externó.

“Tampoco tendríamos que esperar a la legislación pendiente, a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que prevé el Estado de excepción, la llamada suspensión de garantías, que, dicho sea de paso, a mi fracción (parlamentaria) no le interesa de manera prioritaria abordarla y resolverla”, abundó.

César Camacho apuntó que las fuerzas armadas refrendaron su convicción de obedecer las instrucciones del Ejecutivo y manifestaron su actitud positiva de coadyuvar en tareas de seguridad interior. “La reunión fue muy buena, para conocer de viva voz cuáles son las intenciones, los motivos y las preocupaciones del Ejército”.


El líder parlamentario refirió que el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que el Ejército será “respetuoso de lo que decida el Poder Legislativo, e incluso si no decide nada”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0702/mexico/pri-no-ve-riesgo-de-militarizacion-con-ley-de-seguridad-interior/